Una nueva promesa cumplida. El pasado día 5 de Octubre de 2012, pasará a los anales de la actividad política por ser el día en que el consejo de ministros aprobó el borrador presentado para convertirlo en Proyecto de Ley. Va a llegar pues al Congreso y al Senado el texto que se convertirá en la nueva Ley de Costas que sustituirá a la vigente desde 1988.

Con un claro objetivo de reforzar la seguridad jurídica y asegurar la sostenibilidad del sistema la ley prevé asegurar la continuidad ordenada de las ocupaciones en el dominio público marítimoterrestre (DPMT), según criterios medioambientales, y conciliar la conservación del litoral con una actividad económica sostenible y con el uso común y gratuito del DPMT.

Como manifestaciones del carácter de protección medioambiental de la norma podemos significar que impide nuevas edificaciones en el DPMT y prohibe que las necesarias obras de mejora en los edificios existentes supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie.

Además, se prevé la suspensión por el gobierno de las actuaciones urbanísticas ilegales en la costa, para evitar que se vuelvan a dar situaciones como la de El Algarrobico.

Se exige la eficiencia energética y de ahorro de agua en las obras que se autorizan a realizar en los edificios en la costa y se diferencian las playas urbanas de las naturales, incrementando la protección de las segundas.

Respecto de las garantías de seguridad jurídica, el DPMT se clarifica mediante una más clara delimitación de su perfil.

Además con esta norma, se garantiza la información a los ciudadanos sobre sus propiedades y otros derechos: se trata de que ningún ciudadano pueda adquirir nunca más una vivienda u otro bien en la costa y descubrir después que no le pertenece porque es DPMT.

También se mejora la situación jurídica de quienes se vieron despojados de sus bienes inscritos con la Ley de 1988 y se clarifica la situación de las urbanizaciones marítimo-terrestres, conciliando el carácter público de los canales y el acceso a los mismos, con las garantías de los propietarios de viviendas.

Se da también mayor seguridad a los usos sostenibles del Dominio Publico Maritimo Terrestre. Para ello se establecen nuevos mecanismos no previstos en la norma anterior: prórroga de las concesiones por un plazo de hasta 75 años (solución a los vencimientos del plazo concesional en 2018). No es una prórroga automática, sino sólo respecto de aquellas actividades de las que se acredite su sostenibilidad ambiental. Se aumenta el plazo máximo de las nuevas concesiones a 75 años y de las autorizaciones a 4 años.

Del mismo modo se permite la transmisión de los derechos, mortis causa e inter vivos (sometida a autorización), se protegen los bienes declarados de interés cultural para evitar su demolición y se regula mejor la zona de servidumbre de protección.

Deseo y espero que estas líneas sirvan como indicación a quienes estén interesados en este asunto mientras se sigue trabajando con el proyecto de Ley que ahora pasará el trámite del debate en los parlamentos y sobre el cual esperamos el máximo consenso. Ya sé que el PSOE se ha pronunciado en contra pero espero que reflexionen al respecto y esta reforma vea la luz con el máximo apoyo.