La Administración ha gastado 66 millones de euros en la compra de derechos de agua de fincas sin riego y en regularizar pozos ilegales del Alto Guadiana, según un análisis de WWF basado en sucesivas imágenes de satélite desde 2004 hasta hoy.

Con la presentación hoy del informe "El fiasco del agua en el Alto Guadiana", WWF quiere reflejar los errores en el funcionamiento del Banco del Agua del Guadiana y pedir la retirada del nuevo banco de agua que prevé el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente, cuya tramitación parlamentaria comienza esta semana.

En rueda de prensa, Alberto Fernández, representante de WWF en el Patronato de las Tablas de Daimiel desde hace más de una década, ha señalado que los efectos del Banco del Agua del Guadiana "están condenados a repetirse", entre ellos la no recuperación de los acuíferos de la zona, como el número 23.

Se trata de uno de los más grandes del mundo, con una extensión de 200.000 hectáreas, y se calcula que en el mismo hay 10.000 pozos de los que se extrae agua de forma ilegal.

En 1994, el acuífero 23 se declaró oficialmente sobre-explotado; para corregir la situación se aprobó en 2008 el Plan de Especial para el Alto Guadiana (PEAG), que contempla dicho Banco del Agua y establece la compra de derechos del agua, destinando el 70 % al acuífero y el resto a legalizar los pozos ilegales.

Sin embargo, según concluye el estudio de WWF a partir de las imágenes de satélite, el 83 % de las 330 explotaciones cuyos derechos fueron comprados no extraían agua, al menos, cinco años antes de venderlos, por lo que se han adquirido "derechos de papel", ha denunciado Fernández, acompañado por la responsable de Agua de la organización ecologista, Eva Hernández.

"De las 6.800 hectáreas con derechos comprados, solo 1.600 hectáreas se habrían puesto en riego" en algún momento del periodo estudiado, en consecuencia "la mayoría del agua comprada no se extraía realmente".

E incluso ha habido cuarenta explotaciones que han seguido regando pese a que habían vendido sus derechos, denuncia el informe.

Hoy, el consumo para regadío del acuífero 23 se eleva a 280 hectómetros cúbicos anuales, de los que 80 corresponden al "uso ilegal del agua", según los responsables de WWF, que han recordado que desde 1988 el acuífero tiene limitado el consumo a 200 hectómetros cúbicos (acorde al plan anual de extracciones).

Las extracciones que permiten la recuperación del acuífero -fijado en el PEAG- son 200 hectómetros cúbicos hasta 2015 y entre 120 y 150 hectómetros cúbicos hasta 2027.

En definitiva, ha subrayado Eva Hernández, el Ministerio de Medio Ambiente pretende activar un nuevo banco de agua entre particulares -"aparentemente con un esquema muy similar al anterior"- que puede conducir "a un mercado negro de agua" y "descontrolado".

Además de "consolidar" la sobreexplotación, la iniciativa llevará a una "desigualdad" en el acceso al agua y a la concentración de derechos de agua en determinados propietarios.

Por todo ello, WWF exige la correcta aplicación de la directiva marco del agua, lo que significa supeditar la planificación sectorial a la ambiental, y el estricto cumplimiento de la ley, procediendo al cierre de los pozos ilegales y sancionando el uso ilegal del agua.

El "proteccionismo" de los infractores que no se da en ningún otros sector, sí se da en el de la agricultura "¿por qué?", se ha preguntado Hernández, que ha llamado la atención respecto a las políticas "continuistas" de los sucesivos gobiernos manchegos, "cortoplacistas" e interesados, sobre todo, en legalizar los pozos.