Luis Planas (Valencia, 1952) está al frente de una macroconsejería, un enorme departamento en el que, tras las últimas elecciones, se incluyeron las competencias sobre agricultura, pesca, medio ambiente, aguas, ordenación del territorio... Todas son áreas en las que las relaciones con el Gobierno central son delicadas e importantes. Quizás sea por su pasado diplomático o quizás simple pragmatismo, pero Planas intenta huir del enfrentamiento con el ministerio. "Mi misión es llegar a acuerdos, es el encargo del presidente", remacha.
Pregunta. Usted es consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. ¿Por ese orden?
Respuesta. Cualquiera de las tres secretarías generales, más el tema pesquero, constituye un elemento prioritario. La agricultura es uno de los sectores más potentes de nuestra economía. Tengo claro que la reforma de la PAC y la defensa de nuestros agricultores es uno de los temas básicos y por eso me desplazo a Bruselas la semana que viene. La pesca es un sector tradicional, que tiene alguna vertiente industrial, pero que en Andalucía es básicamente artesanal y constituye un elemento de integración de nuestros pueblos del litoral. Mi tarea es la de defender la preservación de esa actividad. Medio Ambiente y agua son dos de los grandes temas de nuestra consejería. La preservación y el desarrollo de nuestra biodiversidad y la protección del medio ambiente verde y gris (el de las ciudades) es un elemento fundamental. Y la ordenación del territorio es lo que da sentido a todo ese conjunto. Es difícil responder. Es como si a un padre le preguntan qué hijo prefiere.
P. Entre los hijos surgen fricciones. Entre la agricultura y el medio ambiente hay colisiones. ¿Tenerlas juntas en una consejería no puede suponer que un área esté supeditada a otra?
R. Al contrario, es una gran oportunidad para conseguir una auténtica integración de las políticas y para hacer de la sostenibilidad un elemento horizontal. La existencia de una única consejería es una ventaja. Ya hemos detectado expedientes en los que había una coordinación entre consejerías pero donde el grado de integración no era suficiente. Los hechos nos darán la razón.
P. ¿Se urbanizará finalmente Valdevaqueros?
R. Tras la aprobación por parte del Ayuntamiento de Tarifa del plan parcial no me consta que se hayan producido nuevas iniciativas administrativas sobre la tramitación que resta y durante la que se tendrá que pronunciar la consejería. Tampoco se tienen noticias sobre la viabilidad económica del proyecto ni de los planes de sus promotores. En la actual situación económica, podría tener una cierta intuición, pero no voy a hacer predicciones. Me gusta ser riguroso y cumplir mis compromisos. Mi compromiso es que vamos a mirar con lupa el proyecto y su respeto a la legislación ambiental, que es muy exigente.
P. ¿Bloqueara la Junta el desarrollo de Valdevaqueros?
R. La Junta va a cumplir con sus competencias y hacer bien su trabajo, sobre todo en una zona tan sensible y con tanto impacto ambiental como el litoral, pero lógicamente no puedo anticipar el resultado de un proceso administrativo y técnico que aún no ha finalizado. Lo que sí considero es que existen planeamientos urbanísticos en el litoral que responden a criterios que tengo la impresión que hoy no respaldan la mayoría de los andaluces. El caso de Valdevaqueros es uno de ellos.
P. La fiscalía se ha quejado de que hay casas ilegales con sentencias de demolición que no se derriban porque las Administraciones alegan que no tienen fondos.
R. Es cierto que cuando uno examina la cantidad de expedientes que se inician, las sentencias condenatorias y las demoliciones la estadística puede parecer chocante. Pero, al menos con lo que respecta a las competencias de la Junta, las ejercemos de forma muy activa. Nuestra inspección urbanística, creada en 2005, ha sido un elemento de vanguardia y está formada por excelentes funcionarios. Pero quienes tienen la verdadera competencia son los Ayuntamientos. Nuestra tarea es de asesoramiento y supervisión, pero son los Ayuntamientos los que tienen que hacer por defender la legalidad y evitar que se rompa. Respecto a las demoliciones y su coste, hay un efecto en cascada que llega hasta los Ayuntamientos.
P. ¿Ha sido un error que los Ayuntamientos hayan sido todopoderosos en urbanismo?
R. No me gusta juzgar el pasado. Pero ahí no está la clave del problema. Está en cómo se ha efectuado el ejercicio de las competencias. Cada uno ha jugado su papel y cada uno debe asumir su responsabilidad. Conozco Ayuntamientos que han efectuado una ordenación y planificación correctas. Otros que han efectuado una cierta vista gorda con las viviendas ilegales y ahora estamos pagando las consecuencias. Lo hemos visto recientemente con el incendio de Coín. La existencia de viviendas diseminadas, algunas perfectamente legales, ha dificultado mucho la extinción.
P. ¿No es un error legislar para darle una salida a las viviendas ilegales a través de un decreto como el aprobado por la Junta?
R. Me parece un decreto y una orientación correcta, en la medida que está perfectamente encuadrada. No estamos hablando del conjunto de construcciones ilegales, sino de situaciones perfectamente acotadas donde, con la intervención municipal, se les puede dar una respuesta teniendo en cuenta que es un número muy elevado. Lo que se pretendía no era una amnistía generalizada, sino responder a situaciones concretas. Con una salvaguarda muy importante: nunca contra las decisiones de los tribunales.
P. ¿Funciona ese decreto?
R. Los Ayuntamientos son los que deben dar los primeros pasos. Algunos se han interesado, han pedido información y están preparando expedientes. Pero vamos a ser muy rigurosos en su aplicación.
P. ¿Le preocupa el plan hidrológico del Guadalquivir que el Gobierno aprobará ahora que no tienen las competencias?
R. Hemos hecho un gran esfuerzo con los tres planes de las cuencas interiores, que son íntegramente andaluzas. Tenemos unos volúmenes y no se puede repartir aquello que no se posee. Evidentemente, debe haber un reparto en función de las necesidades y de los usos, pero teniendo en cuenta también las disponibilidades. Finalmente, hemos apoyado una tarificación volumétrica y no por superficie porque es importante para la eficiencia. Todos esos principios nos gustaría también para la planificación en la cuenca del Guadalquivir. Estamos en diálogo con el Estado. Espero que lleguemos a un consenso. Sería un grave error abrir una guerra por el agua. La Confederación y el Guadalquivir han tenido ya demasiado estrés.
P. ¿Es sostenible una ampliación de la superficie del regadío?
R. Disponemos de un volumen determinado que no puede ser incrementado y más en una situación de sequía que podría prolongarse en el tiempo. La doctrina es muy clara y quedó establecida con Bruselas: todos los ahorros que se produzcan deberían permitirnos dar respuesta a los usos existentes pero no legalizados. Y, solo y excepcionalmente, se podrían plantear situaciones concretas.
P. Durante estos últimos años se ha producido una situación paradójica: el ahorro de la modernización se ha empleado en incrementar la superficie de regadío. ¿Ese círculo se puede romper?
R. Ese planteamiento podría tener lógica en otros momentos. Pero ahora está ya claro que hemos alcanzado, y eso dicen los expertos, el regadío más eficiente de España y de Europa y tenemos que sacar rendimiento a aquello que tenemos. No es una prioridad la extensión del regadío. Lo que es una prioridad es el mejor uso. El ahorro ha supuesto la extensión, en algunos casos porque era necesario. Pero, en este momento, no vamos por la ampliación.
P. ¿Han abordado con el Estado la ampliación del dragado del Guadalquivir?
R. Hay ya unas recomendaciones científicas y esa es la base de trabajo para cualquier actividad del futuro. Corresponde a la Autoridad Portuaria de Sevilla tomar la iniciativa -no me consta que lo haya hecho- de plantear un expediente que el Estado debería evaluar si necesita de una declaración de impacto ambiental suplementaria. En ese caso, se pediría a todas las partes implicadas, también a la Junta, una manifestación al respecto. El Consejo de Participación de Doñana tiene una clara posición al respecto y debe ser tenida muy en cuenta.
P. ¿Hubo algún fallo en la extinción del incendio de Málaga?
R. Fueron 8.000 hectáreas quemadas, pero podríamos haber estado hablando de más del doble con afectación de zonas sensibles y habitadas. Ha sido un éxito del Infoca y de la coordinación entre Administraciones. Sobre todo hay que rendir un homenaje a los trabajadores del Infoca. Han hecho un esfuerzo heroico.
P. ¿Se han producido recortes en el Infoca? ¿Hay menos contrataciones este año?
R. Hemos mantenido el presupuesto. Son 104 millones dedicados a tareas de prevención y 81 dedicados a extinción. Hemos tenido la plantilla ajustada a las necesidades operativas, teniendo en cuenta que algunos elementos del plan han aumentado de coste, como combustible o retardante.
P. Pasan los años y los consejeros, y el Algarrobico sigue ahí...
R. El ministerio y la consejería están dando los pasos necesarios para que, en el momento en el que dispongamos de seguridad desde un punto de vista judicial, proceder a la demolición y restauración. El primer paso era hacer una evaluación. En julio, el ministro y yo firmamos una carta conjunta dirigida a Tragsa para que haga la valoración económica de los trabajos de restauración. No es un problema de fechas, es de proceso. Ese proceso le aseguro que se ha iniciado.
P. ¿Participarán las dos Administraciones? El ministerio mostró dudas al principio.
R. Hemos cofinanciado el estudio y creo que en ese espíritu de colaboración queda claro. El ministerio y la Junta compartimos la visión de que no solo hay un error urbanístico grave, sino sobre todo una visión de Andalucía que no es positiva.
P. ¿Se atreve a ponerle fecha a la restauración de la zona?
R. Tendremos que esperar a alguna sentencia significativa como la relativa a la licencia de obras, que debería producirse en el TSJA en los próximos meses. Pero, después hay un buen número de procedimientos judiciales en curso. Deberíamos llevar a cabo lo antes posible esa demolición y restauración, pero al mismo tiempo tampoco generar responsabilidades para quien no las ha tenido en este proceso. Comprendo la expectativa social, no solo de los grupos ecologistas, a los que hay que felicitar por su labor en la detección y lucha frente a este disparate, sino también en el conjunto de la sociedad que, con algunas excepciones, está a favor del ministerio y la Junta.
P. Pasan los años y también siguen ahí los pozos ilegales de Doñana. ¿Se acabarán cerrando?
R. He hecho una apuesta personal de que vamos a seguir toda la diligencia posible con las 3.800 alegaciones. Doñana constituye una joya de nuestra naturaleza y de nuestro territorio que tenemos que preservar. También tenemos que dar continuidad a las actividades de agricultura y de turismo de la zona, que tienen sentido si son respetuosas con el medio ambiente. Se trata de establecer qué se puede continuar haciendo. El sector fresero de Huelva lo sabe perfectamente y no tiene que estar preocupado. Tiene futuro, pero hace falta una ordenación. También que se apruebe el trasvase Chanza-Piedra, cuyo declaración de impacto está pendiente.
P. ¿Cuándo estará aprobado el plan especial?
R. Son 3.800 alegaciones y estamos empezando a responder. Esperamos que en el curso del año que viene avance adecuadamente.
P. ¿Se retrasa su aprobación?
R. No. Dependía del número de alegaciones. Tenemos que responder, una por una, a 3.800 alegaciones. No tenemos 10.000 funcionarios para contestar.
P. ¿Cree que los agricultores de la zona son conscientes del daño que hace para su propia imagen que parte de la producción se sustente en una ilegalidad?
R. Me consta que están preocupados de que se ofrezca una imagen distorsionada de lo que es su actividad. Mi deber es la preservación del medio ambiente y que nuestros agricultores tengan acceso a mercados con una reputación positiva.