El reto de esta norma europea no es menor, el objetivo es unificar las actuaciones en materia de gestión de agua en la Unión Europea, un enfoque integrado con el que proteger las aguas, tanto en términos cualitativos, como cuantitativos y, a la par, garantizar su sostenibilidad. El aumento de la población, la contaminación y el cambio climático han llevado a las aguas a estar sometidas a una presión creciente, cada vez hay más demanda y se busca que haya agua suficiente y de calidad, por eso, desde Bruselas, se planteó la necesidad de tomar medidas y establecer un marco de actuación comunitario.

El reto no es sencillo y de ahí que fueran necesarios cinco años de debates y negociaciones entre expertos, usuarios del agua y políticos antes de que el texto final viera la luz, en el año 2000 (España lo traspuso a la legislación nacional en 2003). Una vez sentados los cimientos en Bruselas, comenzó el trabajo de los países que debe culminar en 2015, ese año, cada cuenca hidrográfica deberá tener sus aguas en buen estado y su sostenibilidad, a largo plazo, garantizada.

Para cumplir con la Directiva europea, España elaboró el II Plan Nacional de Calidad de las Aguas 20072015 (el primero se desarrolló entre 1995 y 2005 y consiguió un «cambio relevante» en la situación española) cuyo reto principal es el de la depuración de las aguas en los municipios que tengan menos de 2.000 habitantes que, a pesar de tener una carga contaminante pequeña, en comparación con las grandes localidades, son muchas en número.

En febrero de 2010, el Presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera y la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, firmaron el Protocolo de Colaboración entre ambas administraciones para la ejecución de las actuaciones contempladas en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015 y cumplir con la normativa comunitaria que establece que en el año 2015 todos los municipios deben depurar adecuadamente sus aguas. El protocolo fijó el esquema de colaboración para la ejecución de las actuaciones del Plan Nacional de Calidad de las Aguas con una inversión superior a los 1.050 millones de euros. De esta cantidad, 343 millones, corresponden al Ministerio y cerca de 712 a la Junta. Todo ello para actuaciones en cinco cuencas, la mayor es la del Duero, con el 85% de la inversión (casi 900 millones de euros); el área de la cuenca del Tajo un 8% del total (84 millones); en el ámbito del Ebro el 4% (más de 44 millones); en el Miño-Sil un 3% (30 millones) y, finalmente, 1,7 millones de euros para la cuenca del Cantábrico.