El pasado mes de julio, la Junta envió instrucciones de aplicación de la Ley de Aguas a la Sociedad cooperativa Agrícola Nuestra Señora de las Virtudes de Conil comunicando la obligación de constituir una Comunidad de usuarios de la masa de aguas subterráneas (CUMAS) para el uso de los pozos de agua que abastecen las producciones agrícolas. Hasta la constitución de la misma, la situación queda bajo un 'vacío legal', pues la regularización puede tardar varios años. La Junta ha asegurado que los socios de la cooperativa que se adscriban inicialmente a la comunidad no se verán afectados por medidas legales ni expedientes de sanción.

Sin embargo, esta situación está afectando a la actividad de la cooperativa pese a que a finales de julio se acordó iniciar los trámites para crear la CUMAS. Se quejan que desde hace un año se vienen sucediendo presiones a los agricultores para la regularización de los pozos. Sebastián Narváez denuncia que, tras una inspección sorpresa en su explotación, trataron de multarle por no tener regularizado el pozo de su propiedad, además de mandarle instalar un contador cuyo coste ronda los 300 euros. 'Es una vergüenza'.

Los miembros de la cooperativa explican que jamás se ha requerido ninguna regulación jurídica para los pozos. 'Se han olvidado de los derechos históricos de Conil, pues varias huertas y sus pozos tienen más de 100 y 200 años de antigüedad, e incluso todavía existen algunos de época islámica', sentencia Bartolomé Ramírez, presidente de Las Virtudes. Explica que también se dan 'situaciones de incoherencia', como el tener que regular un pozo, bajo amenaza de multa, que fue construido hace unos 20 años por la Diputación.

'Lo triste es que queremos invertir y no podemos, pese a que existe dinero público de la UE', denuncia el presidente. 'Tenemos más de 20 expedientes de inversión paralizados por los problemas legales con el agua'. Uno de ellos consistiría en la mejora del semillero de la cooperativa, medio por el cual actualmente se controla desde su inicio todo el proceso de producción de las hortalizas. Otros son ayudas sin cobrar o proyectos de instalación de nuevos invernaderos, financiados tanto con dinero propio como con subvenciones de la UE.

Manuel Pérez, agricultor, expone que ante la precaria situación laboral actual, el trabajo en el campo puede ser una salida para algunos jóvenes, pero no pueden constituir el invernadero debido a este problema. 'A la juventud tienen que darle oportunidades, mirar un poco por ellos. No tiene sentido que tengas el agua en tu casa y no te permitan iniciar la producción'.

Y es que Bartolomé Ramírez destaca el papel de motor económico que la agricultura de hortalizas tiene en la región, puesto que genera 'más de 1.000 empleos'. La propia estructura de la cooperativa proporciona más de 100 puestos directos de personal, que trabaja con la diversa maquinaria de tratamiento y empaquetación de las más de 60 variedades de verduras que se producen a lo largo del año. La importante actividad económica que desarrolla la cooperativa, que según relata su presidente, le lleva a exportar productos por toda España y poseer una importante y diversificada cartera de clientes, tiene una de sus bases en los tomates cultivados, los cuales son muy cotizados, pues poseen 'un sabor especial gracias al rocío del Atlántico y las muchas horas de luz que reciben'. Por eso cree que 'atacar el agua del campo de Conil es atacar al pueblo de Conil'.

También produce resquemor la asignación individual de agua que soportarán los agricultores en la nueva comunidad. Unos 7.000 metros cúbicos que, de ser superados, podrían conllevar sanción. Bartolomé explica que el cultivo de una hectárea de arrozal, desarrollado en latifundios, conlleva unos 20.000 metros cúbicos al año, y produce 'dos jornales anuales'. Frente a ello, la misma extensión en un invernadero 'produce 1.000 jornales al año'. Además, 'aunque dicen que gastamos mucha agua, el sistema de riego es localizado y por goteo, por lo que el uso del agua es racional y no se riega a manta como en otros sitios'.

'El agua es un bien social y debe ser usada socialmente, no poniendo trabas a su uso donde más trabajo y riqueza genera', reclamó el presidente, quien también destacó la ayuda social realizada con las donaciones a ONGs de los alimentos no vendidos y el uso de los residuos alimenticios para el ganado.

La sensación entre los agricultores es de rechazo a la medida e inseguridad por la posibilidad de ser sancionados o incluso imposibilitados a acceder al agua. Este problema se suma a los bajos precios de venta y al notable aumento de los costes de producción. 'Medio andamos vivos por la cooperativa, si no, la mitad tendríamos que coger carretera y manta', explica Sebastián Narváez. Manuel Zara, frutero de Conil, defiende que 'con el sacrificio de los pequeños agricultores se han podido hacer embalses como el de Barbate, cuya agua se da a los terratenientes para cultivar arroz que no es productivo'.

Ramírez confía en que la Junta 'resuelva el problema y se regularice la situación para poder ejecutar los proyectos'. 'Que no nos molesten más y nos dejen como estamos. Con las cosas de comer no se juega'.