Jerez privatized water management to achieve 80 million euros in 25 years
Fri, 03/08/2012
El gobierno municipal de Jerez aprobará hoy la privatización del servicio municipal de aguas. La concesión del servicio durará 25 años, periodo en el que la empresa que se haga con la gestión deberá abonar 80 millones de euros. Se privatiza el ciclo integral del agua: abastecimiento domiciliario, alcantarillado y depuración.
El cambio de modelo de gestión en el único servicio público rentable de Jerez es un nuevo intento del gobierno local en la búsqueda rápida de recursos que permitan reducir una deuda en el Ayuntamiento de 1.000 millones de euros.
La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo (PP), decide seguir adelante con sus planes pese a que en el mes de marzo dio marcha atrás tras una importante presión social en la calle. Fue en septiembre de 2011 cuando Pelayo anunció "la gestión indirecta del agua" para inyectar "hasta 100 millones de euros". Partidos políticos, asociaciones vecinales, organizaciones ecologistas y otros colectivos crearon una coordinadora en defensa de la gestión pública del agua que logró reunir 14.000 firmas contra el cambio en el modelo de gestión. El 2 de marzo, el gobierno municipal, en solitario, aprobó en pleno la privatización. Las críticas arreciaron y la alcaldesa, sólo unos días después, el 31 de marzo, dio marcha atrás para "suavizar la medida ya adoptada". Entonces se optó por una empresa mixta en la que el Ayuntamiento controlaría el 51% de las acciones.
Las aguas estaban calmadas hasta que el gobierno anunció ayer al comité de empresa de Aguas de Jerez (Ajemsa) la privatización de la gestión del servicio con una concesión de 25 años. El gobierno niega una y otra vez "la privatización" y prefiere hablar del paso a "una gestión indirecta del servicio". En un comunicado, el Consistorio afirma que el pliego de condiciones ya redactado garantiza la calidad del agua, mediante un servicio técnico municipal; la estabilidad de la actual plantilla, así como una evolución en la tarifa que pagan los usuarios, que "en ningún caso excederá del IPC durante los 25 años de contrato".
Explicaciones que no convencen a la oposición. El PSOE habla de una medida para "hacer caja en un servicio público esencial" e IU recuerda que en otras ciudades en las que se ha optado por la privatización las empresas concesionarias han subido los precios, han reducido plantilla y han bajado la calidad. El portavoz de IU, Joaquín del Valle, dice fiarse "poco" de los pliegos de condiciones y subraya que en ciudades como Marbella, tras la privatización, el recibo del agua se ha visto incrementado un 40%, mientras que en Huelva la subida ha llegado al 17%. Asimismo, del Valle alerta de la pérdida de puestos de trabajo sufrida ya en Barcelona o en la propia capital onubense, donde además se suman "las quejas por la bajada de la presión del agua en algunos puntos".
La privatización del agua no se recogía en el programa electoral del PP de Jerez, pero sí en el plan de ajuste aprobado para aliviar la asfixia financiera del Ayuntamiento y cumplir con el objetivo de déficit marcado por el Gobierno. El Consistorio deja claro que no hay marcha atrás al anunciar que en los próximos días se iniciará el proceso de contratación para la concesión del servicio.
El cambio de modelo de gestión en el único servicio público rentable de Jerez es un nuevo intento del gobierno local en la búsqueda rápida de recursos que permitan reducir una deuda en el Ayuntamiento de 1.000 millones de euros.
La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo (PP), decide seguir adelante con sus planes pese a que en el mes de marzo dio marcha atrás tras una importante presión social en la calle. Fue en septiembre de 2011 cuando Pelayo anunció "la gestión indirecta del agua" para inyectar "hasta 100 millones de euros". Partidos políticos, asociaciones vecinales, organizaciones ecologistas y otros colectivos crearon una coordinadora en defensa de la gestión pública del agua que logró reunir 14.000 firmas contra el cambio en el modelo de gestión. El 2 de marzo, el gobierno municipal, en solitario, aprobó en pleno la privatización. Las críticas arreciaron y la alcaldesa, sólo unos días después, el 31 de marzo, dio marcha atrás para "suavizar la medida ya adoptada". Entonces se optó por una empresa mixta en la que el Ayuntamiento controlaría el 51% de las acciones.
Las aguas estaban calmadas hasta que el gobierno anunció ayer al comité de empresa de Aguas de Jerez (Ajemsa) la privatización de la gestión del servicio con una concesión de 25 años. El gobierno niega una y otra vez "la privatización" y prefiere hablar del paso a "una gestión indirecta del servicio". En un comunicado, el Consistorio afirma que el pliego de condiciones ya redactado garantiza la calidad del agua, mediante un servicio técnico municipal; la estabilidad de la actual plantilla, así como una evolución en la tarifa que pagan los usuarios, que "en ningún caso excederá del IPC durante los 25 años de contrato".
Explicaciones que no convencen a la oposición. El PSOE habla de una medida para "hacer caja en un servicio público esencial" e IU recuerda que en otras ciudades en las que se ha optado por la privatización las empresas concesionarias han subido los precios, han reducido plantilla y han bajado la calidad. El portavoz de IU, Joaquín del Valle, dice fiarse "poco" de los pliegos de condiciones y subraya que en ciudades como Marbella, tras la privatización, el recibo del agua se ha visto incrementado un 40%, mientras que en Huelva la subida ha llegado al 17%. Asimismo, del Valle alerta de la pérdida de puestos de trabajo sufrida ya en Barcelona o en la propia capital onubense, donde además se suman "las quejas por la bajada de la presión del agua en algunos puntos".
La privatización del agua no se recogía en el programa electoral del PP de Jerez, pero sí en el plan de ajuste aprobado para aliviar la asfixia financiera del Ayuntamiento y cumplir con el objetivo de déficit marcado por el Gobierno. El Consistorio deja claro que no hay marcha atrás al anunciar que en los próximos días se iniciará el proceso de contratación para la concesión del servicio.