Priaranza, San Bartolomé de Rueda y El Castillo. Son las tres primeras localidades que han tenido que pagar a la Diputación por el servicio de transporte de agua para su población debido a la necesidad que sufren en estas fechas ante el déficit de sus acuíferos.

Se trata de una ordenanza, que regula un nuevo precio público creado por la institución provincial. Entró en vigor el 13 de julio y por vez primera fija un precio por el traslado de agua a los pueblos, un servicio que hasta ahora realizaba gratis. Con la desaparición este año de las ayudas que las arcas del Palacio de los Guzmanes recibían de la Junta a través del Plan de Sequía, la Diputación se ha visto obligada a crear esta ordenanza para costear los gastos que supone movilizar vehículos autobombas del Parque Móvil y el personal correspondiente.

El abastecimiento a través de estos vehículos tiene como destino el consumo humano, es decir, agua potable, aunque también se prevén otros usos complementarios. La ordenanza fija los precios, que han de abonar las entidades municipales solicitantes, de acuerdo al vehículo que la Diputación deba movilizar para la prestación del servicio.

En el caso de los utilizados para espacios de más angosto acceso, la autobomba forestal ligera (con capacidad para 3.000 litros) supone 56,81 euros por hora de servicio. La automba forestal pesada cuenta con una capacidad para 4.500 y supone 60,08 en las mismas condiciones y 59,31 la urbana pesada para 9.000 litros.

Normalmente, el personal del Parque Móvil encargado de este servicio carga el agua de algún depósito de una población cercana a la que necesita el suministro dentro del propio municipio, o bien, en la mancomunidad a la que pertenece. Una vez que llega a la localidad que precisa el agua, la traslada hasta su depósito en los viajes que sean precisos. De manera, que la institución municipal deberá pagar de acuerdo a las horas y el vehículo empleado en este servicio. En el caso de Priaranza, por ejemplo, fueron necesarios 360.000 litros y más de diez horas de trabajo. San Bartolomé de Rueda (municipio de Gradefes) precisó 30.000 y El Castillo (Riello) otros 9.000. El coste del agua también deben afrontarlo las entidades solicitantes, aunque normalmente puede captarse de un pueblo vecino y no supone carga alguna para la entidad peticionaria.

El precio público fijado por la Diputación incluye únicamente la prestación del servicio de transporte del agua solicitada «con el personal imprescindible para el manejo del vehículo o vehículos que lo realicen».

Los materiales que deban emplearse, los trabajos y los equipos complementarios correrán a cuenta de la entidad solicitante. La hora de trabajo se factura desde la salida de los vehículos del Parque Móvil.