El Gobierno está analizando todas las posibilidades para mejorar y hacer más eficiente la gestión del agua en España. Entre ellas, figura dar más protagonismo al sector privado a través de fórmulas de colaboración público privada. Previamente, "habría que cumplir una serie de premisas como, por ejemplo, establecer un canon o una tarifa universal en los ámbitos donde se quiera aplicar este modelo", aseguró la semana pasada el director general del Agua, Juan Urbano, durante unas jornadas organizadas por Unidad Editorial patrocinadas por la Asociación Tecnológica para el Tratamiento del Agua (Atta), la patronal que representa a mayores empresas del sector.

Según el responsable de Medio Ambiente, hay otras condiciones necesarias para que la iniciativa privada tome las riendas. Entre ellas, destaca la creación de un regulador de ámbito nacional con capacidad para determinar la actualización de las tarifas y los conceptos que deberá incluir. En su opinión, el precio del agua debe incorporar todos los costes asociados en el ciclo integral, desde el saneamiento hasta la depuración, pasando por la producción y el abastecimiento.

Hoja de ruta Según las empresas, el estado actual de las infraestructuras hidráulicas y la necesidad de realizar nuevas inversiones para garantizar el suministro y seguir la exigencias impuestas por Bruselas (17.000 millones para cumplir con la normas sobre la calidad del agua) hacen necesario que el Gobierno trace una hoja de ruta clara. "El sector del agua necesita un rescate" , asegura Ángel Cajigas director general de Atta, cuyas empresas están dispuestas a participar en la financiación de los actuales y de los nuevos proyectos siempre que la Administración garantice un marco regulatorio estable y un retorno razonable de la inversión.

Entre los últimos fracasos de la política hidráulica, destaca el programa de desaladoras ejecutado en el Mediterráneo desde 2004, la mayor parte de ellas, infrautilizada y sin usuarios (regantes) dispuestos a pagar el precio político establecido. El Gobierno reconoce el fracaso. "El uso agrícola del agua desalada no soporta los costes de producción, sobre todo energéticos, por lo que hay que elevar la demanda ", creen en la Dirección General del Agua.

Éstas y otras cuestiones son vigiladas desde Bruselas. España tiene abiertos tres expedientes sancionadores por incumplimientos en materia de inversión.

En la actualidad, hay unas 700 instalaciones, la mayoría depuradoras, que se tienen que realizar pero no disponen de presupuesto.

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