El juez Vicente Ríos se topó ayer con un nuevo problema de confidencialidad en las cuentas de una empresa pública que gasta dinero público. "La contabilidad de una empresa es secreta". Así respondió ayer Ignacio Bernácer, exjefe de Explotación de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), cuando la fiscal del caso Emarsa le preguntó si no se controlaba el uso del dinero que la empresa que gestiona 460 depuradoras valencianas destinaba a la depuradora de Pinedo. Delante del juez Ríos, magistrado titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, el exjefe de Explotación de la Epsar aseguró que "hay otro tipo de controles de la Administración que se dedican a verificar los gastos, las facturas y los temas administrativos".
Según esta declaración, la Epsar se dedicaba a dar cantidades millonarias cada año a Emarsa sin controlar después en qué se habían gastado. A la depuradora de Pinedo llegaron, por ejemplo, 6,67 millones de euros en 2003, otros 6,39 en 2004, otros 11,13 en 2005, y 12,66 en 2006. En verano de 2010 Emarsa se disolvió con un agujero económico de 17 millones de euros, y durante la instrucción, el juez Ríos ha estimado el saqueo de Emarsa, a base de sobrecostes y facturas falsas, en más de 25 millones.
El interrogatorio de ayer a Bernácer pretendía esclarecer quiénes y cómo establecían los convenios de colaboración entre la Epsar, propietaria del 100% de Emarsa y la depuradora, y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), que financiaba la instalación con el canon que se cobraba a los vecinos de 51 municipios. Y las preguntas de la fiscal también apuntaban a la fórmula empleada para fijar los costes de explotación de Pinedo. Bernácer contestó en todo momento que era Emarsa la que proponía tanto las cifras y volúmenes de trabajo como los costes por unidad. La Epsar solo revisaba las cifras.
Preguntado por cómo sabía que los precios de Emarsa eran correctos, sin comprobar nunca el coste real, contestó: "Los controladores y los técnicos de la Epsar somos profesionales del sector de tratamiento de aguas residuales y conocemos los costes de gestión de las depuradoras". Y apuntó que la Epsar gestiona de manera directa otras plantas.
Según Bernácer, la Epsar tenía casi como única obligación asegurar "que las depuradoras funcionaban bien en base a sus características técnicas, que lo hacían de manera continua e ininterrumpida, y que el gasto de depuración era adecuado a esas características".
Durante el interrogatorio Bernácer también apuntó que había posibles firmas falsas del imputado José Alcácer -portavoz del PP de Albuixech- en algunos documentos: "Se parecen pero no son idénticas a las reflejadas en los partes de residuos".