La posibilidad de establecer excepciones al principio de recuperación de costes para determinados usos del agua sin comprometer el logro de los objetivos ambientales que correspondan está contemplada en el reciente Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo de medidas urgentes en materia de medio ambiente.

La Directiva Marco del Agua introdujo la recuperación de costes para el agua, una cuestión habitualmente malinterpretada. Porque, al contrario de lo que suele afirmarse, ni la directiva ni su transposición al derecho español exigen expresamente que los costes deban recuperarse en su totalidad. Tampoco que la recuperación sea algo incuestionable. Prueba de ello es la reciente modificación legislativa anteriormente aludida.

Existen suficientes estudios que, con el rigor preciso, cuestionan la utilidad de las políticas de precios para lograr un uso más eficiente del agua de riego. El Gobierno de Navarra ha sido especialmente cuidadoso en esta materia habiéndola estudiado con el detalle y rigor que merece. Pueden consultarse los estudios realizados, por ejemplo, en la página Web de INTIA. Se trata de estudios complejos, como complejo es el tema en sí, pero perfectamente accesibles a todos los que quieran consultarlos. Puede comprobarse, por ejemplo y entre otras muchas otras, cuestiones y parámetros de interés económico, social y ambiental, el elevado grado de recuperación financiera que muestran los regadíos asociados al Canal de Navarra.

El cuestionamiento de la política de precios así como del análisis económico convencional para el agua de riego alcanza su máxima expresión con la entrega del Premio Nobel de Economía de 2009 a Elinor Ostrom. Una politóloga de la Universidad de Indiana que ha demostrado que la gestión más eficaz de los bienes económicos de naturaleza común o comunal, que es el caso del agua de riego, no se logra a través del mercado ni tampoco de la intervención gubernamental. Se logra a través de la acción colectiva de los propios usuarios en el seno de instituciones específicas. Para el agua y el regadío tales instituciones no son otras que las Comunidades de Regantes, que llevan siglos en España administrando de forma eficaz el agua completamente al margen de los precios y mercados, y las Confederaciones Hidrográficas, una institución netamente española, basada en la concertación entre usuarios, nacida en la Cuenca del Ebro y exportada al resto del mundo.

No es casualidad que la Comisión Europea retirara el apoyo financiero a la creación de regadíos a partir de 2007 y propusiera ayudas para la modernización de regadíos a cambio de reducción de los volúmenes de agua utilizada que a partir de 2014 pretende exigir que, como mínimo, sean del 25%.

La confusión en relación con el uso agrícola del agua está llegando a niveles preocupantes. En unas recientes declaraciones, el propio Director General de la FAO afirmaba que no es posible una agricultura que utiliza 1.500 m3 de agua para producir 1 kilogramo de trigo. Ciertamente, es comprensible que esa cifra llame la atención de los profanos. También suele llamarla los 3.000 litros de agua que hacen falta para producir la comida diaria de una persona bien nutrida. Sin embargo, quienes deciden sobre la seguridad alimentaria mundial, en vez de escandalizarse, deberían ser capaces de explicarlo. Porque tales cantidades de agua no son achacables a la mala práctica de los agricultores. Se debe a la fotosíntesis. Un proceso natural que, para fijar CO2 y producir hidratos de carbono ("carbono hidratado"), necesita mucha agua. Entre 300 y 600 moléculas de agua para generar una sola molécula de glucosa. Negar el agua al regadío implica negarla a la alimentación. Es, por tanto, una grave irresponsabilidad. Porque sin más agua para la agricultura no habrá la comida que se necesita. Que al agua debe utilizarse eficientemente no se discute. Sin embargo, pensar que mejorando la eficiencia de los regadíos vamos a ser capaces de producir lo que necesitamos, reduciendo al mismo tiempo la cantidad de agua ahora utilizada, es una completa ficción.
El reparto del agua entre usos y usuarios, no sólo es cuestión de eficiencia sino, sobre todo, de equidad y de justicia social, por tanto, de "Política". Un ámbito, el de la política con "P" mayúscula en la que, no siendo lo habitual, hay que situar los regadíos e infraestructuras asociadas al Canal de Navarra. Una realidad fruto de una apuesta estratégica clara y decidida, mantenida durante décadas, basada y sostenida en el conocimiento, en el buen sentido, en el apoyo social y en la legitimidad política.