Los diputados nacionales del PSOE Isabel Rodríguez y Alejandro Alonso, han anunciado hoy que han presentado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para evitar que la gestión del agua en el Alto Guadiana pueda quedar en manos privadas.

En rueda de prensa, Rodríguez y Alonso han asegurado que con esta PNL exigen también que el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) cuente con la dotación suficiente para su gestión en los Presupuestos Generales del Estado.

La propuesta, han comentado, va en la línea siempre defendida desde las filas socialistas de garantizar la continuidad y aplicación del PEAG como garante de la recuperación de los acuíferos subterráneos de la cuenca del Alto Guadiana.

En opinión de Alonso, "tras cerca de tres años de aplicación", el PEAG ofrece datos "positivos y esperanzadores", que ponen de manifiesto que se está resolviendo la sobreexplotación del acuífero.

Junto a esa dotación económica, los diputados nacionales del PSOE pretenden, entre otras cuestiones, que el Plan continúe impulsando la adquisición de derechos de agua y la compra de fincas en las inmediaciones de los espacios protegidos así como mantener la estructura administrativa que hasta ahora tenía centralizada en el Consorcio creado expresamente para el PEAG.

De hecho, Alonso ha manifestado que con esta PNL el PSOE pretende recuperar para la administración la competencia en la solución de los problemas.

No en vano, el parlamentario nacional ha mostrado la preocupación existente en las filas socialistas con las intenciones del Gobierno del Partido Popular, que pasan por dejar en manos privadas al dar la capacidad de solución de los problemas a los propietarios de fincas, "haciendo dejación de una responsabilidad que es de la administración".

Alonso ha añadido que "la administración no puede mirar para otro lado y decir que los problemas de sobreexplotación del acuífero y los problemas de legalización de situaciones los van a resolver los grandes propietarios de fincas".

Esta decisión, tal y como ha revelado Alonso, "es muy grave", hasta tal punto que ha acusado al Gobierno del Partido Popular de fomentar la especulación, ya que de no rectificar ha advertido que "el agricultor que quiera legalizar su situación, en vez de ir al Consorcio o a la Confederación".

En este sentido, ha señalado, "será la administración la que va a tener que ir a la casa del gran propietario para ver si quiere venderle al precio que quiera parte de sus derechos para que él pueda legalizar su situación".

El Partido Socialista, ha dicho, "es precisamente esto lo que quiere evitar a toda costa", puesto que "sería una gran irresponsabilidad permitir el mercadeo de un bien público como es el agua", ha terminado diciendo el diputado socialista.