Los andaluces pagan desde mayo de 2011 un canon de depuración que supone algo más de un euro al mes y con el que se espera recaudar, según los operadores públicos de aguas agrupados en Aeopas, casi 1.766 millones de euros. El objetivo de esa tasa es que todas las poblaciones andaluzas cuenten con sistemas de tratamiento en el horizonte de 2015, tal y como ordena la normativa europea, en concreto la Directiva 91/271/CEE.

Aunque el 90% de la población depura sus aguas en la actualidad, este porcentaje se reduce a la mitad si se tiene en cuenta el número de municipios. Por lo que, para llegar al 100% que exige Europa, «ya se está al límite», mantienen fuentes de Aeopas.

Para cumplir con Bruselas se necesita llevar a cabo unas 300 obras de saneamiento y depuración que en octubre de 2010 el Consejo de Gobierno de la Junta acordó declarar de interés de la comunidad autónoma. Una figura que, en teoría, favorecería la puesta en marcha de los proyectos del plan de saneamiento que supondrían la mencionada inversión de casi 1.766 millones.

Hace un año el entonces consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, aseveró que se estaban ultimando los borradores de convenio de ejecución de aquellas obras que proporcionarían 28.400 puestos de trabajo.

Sin embargo, la crisis frenó el ritmo de las licitaciones y desde el Ejecutivo andaluz se anunció la posibilidad de aplicar fórmulas de financiación público-privada, que luego se descartaron. Desde entonces, la coyuntura económica ha empeorado, la Junta ha anunciado una disminución de la obra pública en 570 millones, que previsiblemente afectará, entre otras, a esta materia; y las competencias en aguas han pasado a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que dirige Luis Planas. Con todo, en el acuerdo programático aprobado por PSOE-A e IULV-CA previo al Gobierno andaluz de coalición consta: «Daremos continuidad a las actuaciones declaradas de interés de la comunidad autónoma que persiguen alcanzar el buen estado de las masas de agua y lograr que el 100% del territorio de Andalucía depuren sus aguas en 2015». Un objetivo que fuentes de Ecologistas en Acción exigen que «se lleve a cabo, por el bien incluso de nuestras costas y el turismo», pero temen que no sea así, debido a los recortes. Desde este colectivo recuerdan, asimismo, que el plan de ajuste presupuestario de la Junta, ahora en suspenso, incluye en la tabla de ingresos 187,6 millones hasta 2014 en concepto de «canon de mejora» que esperan «no se destine a cuestiones ajenas al agua y el medio ambiente».

Aeopas, que aglutina a 34 entidades prestadoras de servicio, asegura estar dispuesta a comprometerse «con 638 millones» que invertirían como sociedades públicas -sobre todo en Málaga, Sevilla, Huelva y Almería- e invitan a otros entes locales similares a sumarse. «La financiación está clara: el canon de depuración que sólo se puede destinar a estas infraestructuras», defienden para lanzar un mensaje a las entidades financieras: «Los recibos del agua tienen una garantía de cobro de entre el 99% y el 97%». Por si faltaran argumentos, manejan un informe que eleva a los 800 millones hasta 2015, 200 al año, el coste de no depurar las aguas residuales por su repercusión en sanciones y en daños al medio. El gerente de Aeopas, Luis Babiano, aboga por seguir priorizando «el buen estado de nuestras aguas», pese a la crisis, dado que «contribuiría a mejorar el tejido productivo de Andalucía, que cuenta ya con empresas muy competitivas en el uso de las tecnologías más avanzadas».