La última reforma de la Ley de Aguas que realizó el Gobierno de Rodríguez Zapatero no ha durado ni un año. El Consejo de Ministros derogó ayer un decreto de 2011 y recuperó el control y vigilancia de los ríos, que el Ejecutivo socialista había cedido a las comunidades autónomas. Colectivos de regantes y expertos en gestión del agua alabaron la medida. Las principales organizaciones ecologistas elogiaron ayer por «sensata» la decisión anunciada en el Consejo de Ministros.

En 2011, el Ejecutivo socialista modificó la Ley de Aguas para otorgar las «competencias de policía de dominio público hidráulico», es decir, la vigilancia de los ríos y la capacidad sancionadora, a las comunidades autónomas que así lo tenían recogido en sus estatutos de autonomía. Esta reforma fue aprobada en pleno mes de agosto de 2011, sin publicidad, por la entonces ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, en un gesto que se interpretó como un respaldo claro del Ejecutivo central a Andalucía.

Hay que tener en cuenta que, meses antes, el Tribunal Constitucional había tumbado el artículo 51 del Estatuto andaluz, por el que esta comunidad autónoma se arrogaba competencias exclusivas sobre el Guadalquivir.

Con ese decreto Aguilar, derogado ayer, comunidades como Andalucía, Aragón, Cataluña y País Vasco obtenían la competencia de policía de dominio público hidráulico, es decir, podían vigilar, supervisar y sancionar lo que ocurriera en los ríos que pasan por ellas. Aquella medida fue muy criticada porque daba pie a que hubiera diversidad de criterios en el cumplimiento de la legislación de aguas y suponía un giro de 180 grados en la actitud del Estado, que renunciaba a competencias que siempre había considerado exclusivas. En ese sentido se manifestó ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, al afirmar que lo que estaba haciendo el Gobierno era un «anticipo» del nuevo reparto de competencias entre administraciones. La vicepresidenta recordó también que la policía de dominio público hidráulico ha sido siempre una competencia del Estado, tal y como el Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto. El Alto Tribunal «dejó sentado» el principio de unidad de cuenca, especialmente en las que pasan por distintas comunidades, afirmó Sáenz de Santamaría.

Para los expertos, la reforma socialista ahora derogada abría la puerta a que hubiera un cumplimiento distinto de la legislación de aguas según el territorio. La persecución de prácticas ilegales como los vertidos o la extracción fraudulenta de recursos acuáticos podía depender del grado de dureza que cada Ejecutivo autonómico impusiera y de cómo aplicara su capacidad sancionadora. Era, por tanto, una nueva fuente de conflictos territoriales relacionados con el agua.