The former leader of Asaja damaged the habitat of an endangered fish with an illegal work
Tue, 17/04/2012
El salinete (Aphanius baeticus), un pez en peligro de extinción del Bajo Guadalquivir que la Consejería de Medio Ambiente tiene en sus programas de especies de especial protección, ha sido víctima de una obra ilegal del influyente empresario y dirigente agrícola Miguel Afán de Ribera Ybarra. Pero a éste no le ha salido gratis.
Alterar el arroyo Salado, protegido por la Reserva Natural Complejo Endorreico de Lebrija-Las Cabezas y considerado el mejor hábitat de este pez autóctono, le ha costado al exsecretario general de Asaja-Sevilla y directivo de la asociación de arroceros una multa de 30.000 euros, una condena penal por desobediencia y la obligación de reparar el daño de su bolsillo.
Diez años después aún no ha arreglado el estropicio, aunque aclara que acaba de presentar, el pasado marzo, un plan de restauración cumpliendo con las órdenes de Medio Ambiente y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Este pequeño pez fluvial vive y se reproduce en la cuenca del arroyo Salado o Moscardó, a su paso, en el término municipal de Lebrija, por la finca Marismas de Gileta y Monteronja, que pertenece a Miguel Afán de Ribera Ybarra. En 2002, siendo secretario general en la provincia de la patronal agrícola Asaja (cargo que abandonó el año pasado), el empresario arrocero realizó obras sin permiso ambiental para modificar y encauzar el arroyo a lo largo de un kilómetro, de manera que no se desbordara y así pudiera «defender», en su expresión, sus cultivos colindantes... a costa de alterar, según dictaron los jueces, el hábitat natural del salinete y de otras especies de flora y fauna. La obra era ilegal porque requería de un informe ambiental que no presentó, como ratificó en junio de 2011 el TSJA.
La Delegación en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente, según fuentes del caso, ha tardado más de medio año desde el fallo firme del TSJA en instar al infractor a que corrija el daño causado en el hábitat del salinete, pese a que el gobierno andaluz cuenta con varios programas para conservar esta especie.
El proceso comenzó hace una década, cuando la Confederación Hidrográfico del Guadalquivir (CHG) y la Delegación de Medio Ambiente abrieron sendos expendientes sancionadores contra el agricultor al detectar las obras en este lugar de dominio público hidráulico. La CGH impuso medidas cautelares como rebajar los tres metros de altura de los muros del nuevo encauzamiento o abrir portillos. El dueño las ejecutó pero ahora están en parte deshechas.
La Delegación, por su parte, le ordenó como medida cautelar parar las obras. Afán de Ribera hizo caso omiso y la Audiencia de Sevilla lo condenó por desobediencia. El agricultor admite en conversación con EL MUNDO esa condena pero subraya que «eso fue hace ocho años» y que fue absuelto del delito ecológico por el que le pedían seis años de cárcel.
Medio Ambiente siguió adelante con el expediente y lo sancionó. El terrateniente recurrió en los tribunales administrativos, pero éstos confirmaron la sanción de la Junta, primero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 6 de Sevilla, el 10 diciembre de 2010, y luego la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, el 13 de junio de 2011. Debía pagar 30.000 euros (logró reducir la multa inicial de 60.000 en el primer recurso ante la Junta) y restaurar el cauce a su costa.
El propietario debía presentar un proyecto para que Medio Ambiente lo aprobase. En caso de seguir sin restaurar el arroyo, la administración tendría que actuar de forma subsidiaria. La Delegación le requirió a finales del pasado febrero para que presentara el proyecto.
Miguel Afán de Ribera, que también ha sido vicepresidente del comité asesor de Desarrollo Rural de la Unión Europea en Bruselas, asegura que cumplirá sus obligaciones. «Pagué la multa [de 30.000 euros por infracción medioambiental] y he presentado hace veinte días el proyecto de restauración, que los jueces ya dijeron que no tenía que consistir en devolver el arroyo a su estado original, porque eso sería peor, sino hacer algo que sea bueno para el hábitat del salinete». Afirma que cuando él modificó el arroyo su cauce original ya no existía porque había sido encauzado antes de comprar él la finca.
Añade en su defensa que ha rebajado los muros del encauzamiento hasta dejarlos «por debajo incluso de la altura que tenían antes» de que
EDUARDO DEL CAMPO / Sevilla
Condenado en 2004 por desobediencia, dice que acaba de presentar el plan de restauración.
Alterar el arroyo Salado, protegido por la Reserva Natural Complejo Endorreico de Lebrija-Las Cabezas y considerado el mejor hábitat de este pez autóctono, le ha costado al exsecretario general de Asaja-Sevilla y directivo de la asociación de arroceros una multa de 30.000 euros, una condena penal por desobediencia y la obligación de reparar el daño de su bolsillo.
Diez años después aún no ha arreglado el estropicio, aunque aclara que acaba de presentar, el pasado marzo, un plan de restauración cumpliendo con las órdenes de Medio Ambiente y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Este pequeño pez fluvial vive y se reproduce en la cuenca del arroyo Salado o Moscardó, a su paso, en el término municipal de Lebrija, por la finca Marismas de Gileta y Monteronja, que pertenece a Miguel Afán de Ribera Ybarra. En 2002, siendo secretario general en la provincia de la patronal agrícola Asaja (cargo que abandonó el año pasado), el empresario arrocero realizó obras sin permiso ambiental para modificar y encauzar el arroyo a lo largo de un kilómetro, de manera que no se desbordara y así pudiera «defender», en su expresión, sus cultivos colindantes... a costa de alterar, según dictaron los jueces, el hábitat natural del salinete y de otras especies de flora y fauna. La obra era ilegal porque requería de un informe ambiental que no presentó, como ratificó en junio de 2011 el TSJA.
La Delegación en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente, según fuentes del caso, ha tardado más de medio año desde el fallo firme del TSJA en instar al infractor a que corrija el daño causado en el hábitat del salinete, pese a que el gobierno andaluz cuenta con varios programas para conservar esta especie.
El proceso comenzó hace una década, cuando la Confederación Hidrográfico del Guadalquivir (CHG) y la Delegación de Medio Ambiente abrieron sendos expendientes sancionadores contra el agricultor al detectar las obras en este lugar de dominio público hidráulico. La CGH impuso medidas cautelares como rebajar los tres metros de altura de los muros del nuevo encauzamiento o abrir portillos. El dueño las ejecutó pero ahora están en parte deshechas.
La Delegación, por su parte, le ordenó como medida cautelar parar las obras. Afán de Ribera hizo caso omiso y la Audiencia de Sevilla lo condenó por desobediencia. El agricultor admite en conversación con EL MUNDO esa condena pero subraya que «eso fue hace ocho años» y que fue absuelto del delito ecológico por el que le pedían seis años de cárcel.
Medio Ambiente siguió adelante con el expediente y lo sancionó. El terrateniente recurrió en los tribunales administrativos, pero éstos confirmaron la sanción de la Junta, primero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 6 de Sevilla, el 10 diciembre de 2010, y luego la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, el 13 de junio de 2011. Debía pagar 30.000 euros (logró reducir la multa inicial de 60.000 en el primer recurso ante la Junta) y restaurar el cauce a su costa.
El propietario debía presentar un proyecto para que Medio Ambiente lo aprobase. En caso de seguir sin restaurar el arroyo, la administración tendría que actuar de forma subsidiaria. La Delegación le requirió a finales del pasado febrero para que presentara el proyecto.
Miguel Afán de Ribera, que también ha sido vicepresidente del comité asesor de Desarrollo Rural de la Unión Europea en Bruselas, asegura que cumplirá sus obligaciones. «Pagué la multa [de 30.000 euros por infracción medioambiental] y he presentado hace veinte días el proyecto de restauración, que los jueces ya dijeron que no tenía que consistir en devolver el arroyo a su estado original, porque eso sería peor, sino hacer algo que sea bueno para el hábitat del salinete». Afirma que cuando él modificó el arroyo su cauce original ya no existía porque había sido encauzado antes de comprar él la finca.
Añade en su defensa que ha rebajado los muros del encauzamiento hasta dejarlos «por debajo incluso de la altura que tenían antes» de que
EDUARDO DEL CAMPO / Sevilla
Condenado en 2004 por desobediencia, dice que acaba de presentar el plan de restauración.