El Programa Agua, impulsado en 2004 por el Gobierno socialista para traer agua al Levante, planeó la construcción de nueve desalinizadoras. En la actualidad, sólo dos están en funcionamiento, hay cinco en construcción y el resto ni siquiera están en obras. La situación es similar en el resto de España. El plan estrella del anterior Ejecutivo ha supuesto una inversión millonaria de recursos públicos pero sólo ha aportado el 6% del caudal prometido. Y tanto los costes de explotación como el precio final para el usuario hacen inviable su puesta en marcha.

Ante tal tesitura, el actual Ejecutivo se plantea dar una salida a las desalinizadoras a través de la gestión privada. Fuentes de la Secretaria de Estado de MedioAmbiente han confirmado a este diario que se están estudiando varias «posibilidades y líneas de trabajo, incluida la privatización». De hecho, desde el Ministerio añaden que, con este objetivo, ya se han mantenido contactos «con diversas empresas» especializadas en recursos hídricos.

La idea inicial consiste en traspasar al sector privado la gestión de las desaladoras mediante concesiones a largo plazo que podrían financiarse con los ingresos procedentes de la venta de agua. Desde el Gobierno valenciano lamentan la herencia transmitida por el anterior Ejecutivo centralen cuanto a política hídrica, tanto en la Comunitat como en el resto de España y ven con buenos ojos esta iniciativa. «No cabe duda de que el Gobierno central está tratando de poner orden a la caótica situación que ha dejado el PSOE. Uno de los símbolos del fracaso es el programa de desalación masiva que impuso el Gobierno de Zapatero», lamentan fuentes de la Conselleria de Agricultura.

Por ello, abogan por «analizar si es posible integrarlas en algún sistema de suministro capaz de asumir su coste, que desde luego es inasumible por los usuarios de regadío, pero que también implicaría incrementos en las tarifas de abastecimiento».

Para el departamento valenciano de Agricultura, el principal problema con respecto a las desaladoras es el de «su sostenibilidad financiera por el alto precio del agua que ha de trasladarse a los usuarios o ser subvencionado por el Estado, cuestión insostenible en estos momentos. Y lo que es más grave, se han acometido inversiones con el dinero de todos cuyos costes de explotación dificultan su puesta en marcha». Los regantes coinciden en la necesidad de buscar una salida a las plantas destinadas a desalar agua del mar. El presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de laComunidad Valenciana (Ferecova), Benjamín Aparicio, afirma que la privatización que plantea el Gobierno central «nos parece bien», aunque matiza que las empresas que se hagan cargo de la gestión «deben tener en cuenta para qué se destinará esa agua porque ningún tipo de agricultura, tampoco la intensiva, puede pagar lo que cuesta». Aparicio asevera que ningún agricultor «puede asumirl el precio del metro cúbico del agua desalada, que roza el euro al nivel del mar. Es inviable y más con la última subida de la luz, que incrementará aún más los costes». Para el presidente de Ferecova, las desalinizadoras «deben ser un complemento al Plan Hidrológico Nacional y optar por ellas sólo de forma puntual, para casos en los que no haya más remedio, como en pueblos entre montañas o islas». Critica, además, que estas instalaciones resultan «poco ecológicas y consumen mucha electricidad».

Para el presidente de los regantes del Vinalopó, Andrés Martínez, las desalinizadoras, «en un territorio como el nuestro, no tiene sentido. Esté en manos públicas o privadas, hay que aplicar un criterio de rigor o rentabilidad y aquí no salen las cuentas», critica y denuncia que se ha desperdiciado el dinero en obras como «la planta de Torrevieja».

La situación de esta infraestructura hídrica evidencia la realidad a la que ahora tienen que hacer frente el actual Ministerio de Medio Ambiente. La de Torrevieja es la desalinizadora más grande de Europa y ha costado más de 219 millones de euro. No está en funcionamiento por las tensiones surgidas entre el Gobierno central y el autonómico, que han derivado en demoras en la concesión de las autorizaciones necesarias para ponerla en marcha. El ministro de Medio Ambiente, Miguel Aries Cañete, ha defendido desde el primer momento una política hídrica «solidaria» entre las regiones y apuesta por los trasvases «para aprovechar aguas excedentarias». Por ello, el nuevo Plan Hidrológico Nacional (PHN) tratará de garantizar el suministro de agua en «calidad y cantidad suficiente», apuntó en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados.

El responsable del área medioambiental también ha criticado las desaladoras en diversas ocasiones, de las que ha dicho que son «dudosamente sostenibles» así como el coste del agua, que resulta inasumible para los agricultores. Además, ha lamentado la «preocupante herencia recibida del anterior Gobierno».

La última muestra de la poca confianza que despiertan las desaladoras al Ministerio se hizo evidente con la presentación de los Prespuestos Generales del Estado a principios de mes. El proyecto no refleja no incluye partidas para iniciar las obras de las plantas de Dénia y Guardamar del Segura (aún sin comenzar).