La privatización de la gestión de la empresa pública Aguas Ter-Llobregat, que suministra a 4,5 millones de personas del área de Barcelona, es totalmente "viable", según su presidente, Leonard Carcolé, que apunta que lo que la concesionaria deberá pagar rondará los 500 millones de euros.

La privatización de la gestión de los servicios de la ATLL es una decisión "transcendente" que deberá adoptar el Govern y cuya licitación podría plantearse en breve ante el mal estado financiero de la entidad, con una deuda de unos 700 millones de euros cuando hace tan sólo siete años -remarca a Efe el presidente de la empresa- era de 100 millones.

"El Govern ya ha adelantado que lo está considerando y nos ha pedido información y colaboración en la elaboración de los documentos de licitación, trabajo que ya está hecho", ha dicho Carcolé, también director de la Agencia Catalana del Agua, ente adscrito igualmente al Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

La operación pasaría por un concurso de concesión administrativa del servicio, al igual que los existentes con los servicios municipales denominados "en baja" -que suministra desde los depósitos a los hogares-, aunque en este caso sería "en alta", desde los cursos fluviales hasta los depósitos de los municipios.

Para Carcolé, un período de concesión razonable sería de 50 años, ya que quien gane el concurso deberá comprometerse a realizar una inversión en el sistema para mantenerlo en perfecto funcionamiento.

Cuando el Govern tome la decisión, el proceso conllevará un plazo de unos seis meses -desde la presentación de concurso, alegaciones y otros trámites-, por lo que, como muy pronto, la privatización del servicio sería efectiva tras el verano.

"Lo lógico es hacerlo en 2012, porque la ATLL tiene un endeudamiento muy alto, insostenible", afirma Carcolé.

La deuda, argumenta Carcolé, es fruto de un "paquete de inversiones enormes" realizada durante la gestión del anterior equipo, como la desalinizadora de El Prat.

Una de las cuestiones por determinar es si la concesionaria se hará cargo o no de la deuda. "Una opción es que los activos y pasivos se queden en la Generalitat y que haya una tarifa suficiente para pagar la amortización financiera, un tramo que cobraría el explotador y otro para pagar la amortización", indica.

Aunque no es un proyecto sencillo, ya hay al menos media docena de grupos empresariales que han mostrado interés por la concesión.

Sobre la afección del proceso en la factura del ciudadano, Carcolé asegura que la subida de tarifas es algo que se tendrá que revisar "inevitablemente", tanto si se produce la privatización como si no, pero que ésta será modulada en varios ejercicios.