La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha denunciado el "uso político" que desde algunas comunidades autónomas se hace de la gestión del agua, por lo que considera necesario un plan hidrológico nacional.

Así lo ha señalado el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, a los medios de comunicación tras reunirse el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en la que los regantes le han expuesto la situación de su sector.

Del Campo ha apuntado que ese plan hidrológico podría estar listo para 2013, después de que se hayan aprobado los planes concretos de cada cuenca hidrográfica, aunque los que quedan pendientes son, a su juicio, los que "tienen un mayor grado de politización".

Entre las peticiones expresadas por los regantes está la defensa del principio de unidad de cuenca, es decir, que la gestión de las cuencas hidrográficas inter-comunitarias corra a cargo de la Administración central, aunque en colaboración con las comunidades autónomas y los propios usuarios.

En este sentido, ha reclamado la derogación de la modificación del pasado agosto del artículo 94 de la Ley de Aguas, que otorga a ciertas autonomías, concretamente Aragón, Cataluña y Andalucía, el papel de "policía" de las cuencas de su territorio.

Desde Fenacore también reclamaban que se aceleraran las ayudas a la modernización de los regadíos, dado el millón de hectáreas pendientes, por lo que han valorado el nuevo plan nacional de regadío, anunciado hoy por Arias Cañete en su primera comparecencia en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso.

Del Campo ha subrayado, en este sentido, que la financiación pública para la modernización de regadíos es "imprescindible".

En su opinión, la reforma de la PAC también puede permitir financiar estos proyectos con cargo a los fondos destinados a desarrollo rural, "aunque eliminando la condición de que se debe conseguir un ahorro de agua de más del 25 %, como establece la reforma presentada por la Comisión Europea.

"Es un condicionante imposible de lograr y, por tanto, deja la medida sin aplicación práctica", ha planteado.

Otra de las cuestiones que Fenacore ha trasladado al ministro ha sido el excesivo coste de las tarifas eléctricas para el riego, ya que, según sus datos, la factura energética se ha encarecido entre un 80 % y un 100 %.

Del Campo ha explicado que este incremento se debe, fundamentalmente, al elevado coste fijo anual que supone tener la máxima potencia contratada, potencia que, sin embargo, sólo aprovechan unos meses al año, durante la época de riego.

Ha detallado que este pago fijo se ha encarecido un 450 % en un año, por lo que propone soluciones como que el agricultor pague por potencia consumida y no contratada, o que se les permita tener más de un contrato con las eléctricas por año, uno con la máxima potencia los meses de riego y otro de consumo mínimo el resto.

También ha sugerido que se les aplique un IVA reducido, del 7 %, "medida que ya funciona en Italia y que en España ya aprobaron el Parlamento y Senado en la pasada legislatura, pero que el Gobierno anterior rechazó", y que se dé prioridad a las autorizaciones para la instalación de energías renovables que cubran el auto-consumo de las comunidades de regantes.