La privatización de la red de abastecimiento de agua de la región de Barcelona está más cerca. La Generalitat espera obtener unos 600 millones de euros, aproximadamente, en el concurso para adjudicar la explotación de la red regional de suministro, en manos de la empresa pública regional Aigües Ter-Llobregat (ATLL). Esta empresa pública gestiona el agua de los embalses y las potabilizadoras, y vende estos caudales a las compañías de suministro y a los ayuntamientos.

La Generalitat privatizará la gestión de ATLL para frenar su sangría de deudas (unos 700 millones). El plan ya está muy maduro y, en breve, el concurso público obtendrá la luz verde del Govern. La privatización afectará a las plantas potabilizadoras de Cardedeu (del Ter) y de Abrera (Llobregat), a la desalinizadora de El Prat y a sus redes de conexiones. La concesión se prevé por 50 años, y la empresa adjudicataria deberá pagar los 600 millones (en compensación por obtener el servicio) en un único pago. Fuera queda la potabilizadora de Sant Joan Despí (Llobregat), de Aigües de Barcelona.

Pero las empresas candidatas a asumir el servicio tendrán que echar muchas cuentas para saber si la operación es factible, pues, además de entregar los 600 millones al erario público, deberán programar cómo pagar la deuda de ATLL y, a la vez, obtener beneficios para recuperar la inversión. Los expertos estiman que para cuadrar estas cuentas, el precio de la venta del agua de ATLL a los ayuntamientos debería aumentar un 150% o un 200%; y, además, los incrementos deberían hacerse con carácter inmediato. "Tal como están los mercados financieros, nadie iba a poner ese dinero sobre la mesa si la subida del agua, necesaria para recuperar la inversión, se demora", dijeron las mismas fuentes.

El impacto sobre la tarifa final del suministro sería enorme. El recibo se incrementaría un 50% o un 60% en Granollers y entre un 40% y un 50% en El Prat de Llobregat (dependiendo de las zonas geográficos y los conceptos que incluya: canon, alcantarillado, tratamiento de basura...). Subidas tan desproporcionadas podrían ser muy mal recibidas y provocar otra guerra del agua, conflicto promovido por las organizaciones vecinales contra los incrementos del recibo derivados de la introducción del canon del agua en los años noventa.

La privatización tropieza, además, con serias resistencias en sectores del PSC y otros ámbitos sociales. Muchos de ellos aceptan la privatización como un mal menor inevitable: como una urgencia vista la precariedad económica de la Administración catalana; pero no ven con buenos ojos que el dinero que la Generalitat obtenga no vaya al ciclo de la gestión del agua. La idea que se abre paso en la Generalitat es que estos recursos no irían directamente a saldar la deuda del agua, sino a otras finalidades. Ese hecho, más el escaso relieve político que dieron ICV y el tripartito a este problema financiero, ha ido agrandando la bola de nieve de la deuda -tanto de ATLL como de la Agència Catalana de l'Aigua-, hasta límites más que peligrosos.

El endeudamiento de ATLL es consecuencia de haber hecho grandes inversiones (interconexión de aguas del Ter y Llobregat, ampliación de la potabilizadora Abrera, una parte de desalinizadora de El Prat) sin la ayuda tarifaria o de presupuestos de la Generalitat. El ex conseller de Medi Ambient Francesc Baltasar, se negó en su día a incrementar la tarifa un 14,5%, pese a que ya lo había aprobado su consejo de administración y pese a la opinión a favor de los expertos.