Las grandes empresas de Santa Cruz de Tenerife que utilizan la red de saneamiento municipal se verán beneficiadas a partir de ahora por la reducción de la tasa extra que abonaban a Emmasa por los vertidos de sus aguas negras. De esta forma, las que pagaban más de 6.000 euros al año por este recargo en las facturas pasarán a abonar 3.000 euros, mientras que los que pagaban 3.000 euros se quedarán exentas.

Esto ha sido gracias a que la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento capitalino acordó ayer modificar la ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado con el fin de ajustar sus restricciones y aumentar los parámetros que se emplean para calcular la tasa a la media de las ciudades del territorio nacional, ya que de los estudios encargados por Emmasa se deduce que la repercusión del aumento del uso de detergentes y sales en la depuradora "no es apreciable".

Lo que ha hecho el Ayuntamiento es aumentar el volumen de detergentes y sales que pueden verter las empresas a través de las aguas negras y con el que se calculaba el recargo en la factura, de tal manera que hoteles, hospitales, industrias y grandes superficies comerciales pagarán menos por este concepto.

Dámaso Arteaga, concejal de Servicios Sociales y Agua del Consistorio capitalino, explicó ayer que este sobrecargo que se aplicaba en el municipio chicharrero estaba "muy por encima" del resto de capitales españolas y, además, estos vertidos no suponían un gasto extra para las plantas de depuración y el resto del sistema de saneamiento del municipio.

La anterior ordenanza se había aprobado en el año 1991 y había quedado totalmente desfasada. Las principales ciudades españolas -Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Sevilla- ya habían actualizado este sobrecargo, por lo que sus grandes empresas pagaban mucho menos por este concepto que las de Santa Cruz de Tenerife.

Los principales beneficiarios de esta medida, aparte de las industrias, las grandes superficies y los negocios, serán también las comunidades de vecinos que recibían un recargo en su factura si superaban ciertos límites físicoquímicos por los vertidos al alcantarillado. Dámaso Arteaga explicó que la modificación realizada "adapta las exigencias a unos criterios adaptados a nuestra realidad y también la sitúa en valores similares a los de otras ciudades españolas" en cuanto al uso de tensoactivos -detergentes- y conductividad sales-.

El uso masivo de detergentes para lavar por parte de empresas como los hoteles había convertido esta tasa en una losa económica que podía superar los 18.000 euros al año. Con esta medida, el Consistorio busca un alivio para las grandes empresas instaladas en la capital chicharrera.