El pleno del Ayuntamiento de Dénia imprime un giro inesperado en la controversia sobre la construcción de la desaladora comarcal. Seis años después de que el Ministerio de Medio Ambiente planificase sus obras a través del programa Agua, y casi dos desde que se presentase su proyecto definitivo, el equipo de gobierno que preside la popular Ana Kringe (compuesto por PP y Centre Unificat) decidió aprobar ayer la interposición de un recurso contra la disposición del Gobierno en la que se prevé su ejecución. La propuesta, que contó con el respaldo del Bloc, la abstención del PSD y el rechazo del PSPV, se justificó en tres argumentos básicos que pivotan sobre la economía y el medio ambiente.

El primero, que la previsión de crecimiento urbanístico que se contempla en el futuro Plan General (todavía en trámite) es mucho menor ahora que cuando comenzó a gestarse, a principios de la pasada legislatura. El razonamiento cae por su propio peso: con menos viviendas las necesidades de abastecimiento se reducen y, por tanto, la desaladora sería prescincible.

El segundo, que Acuamed (la sociedad estatal adscrita a Medio Ambiente responsable de su construcción) todavía no dispone de autorización de la Generalitat ni para atravesar el recinto del puerto de Dénia durante la instalación de las canalizaciones de toma y de rechazo ni para verter salmuera. En el informe que acompaña a la propuesta se añade además otro factor que todaPP y CU se oponen ahora al alegar su repercusión económica y ambiental. vía no se había utilizado: esos vertidos podrían tener un impacto negativo sobre el medio marino.

Y el tercero, y quizá el más relevante, su elevado coste económico. La propia alcaldesa precisó tras la sesión que la infraestructura tendría un coste estimado de 24 millones de euros que, después, acabaría recayendo sobre los ciudadanos al tener que repercutirse a través de las tarifas del agua.

La única postura abiertamente contraria al recurso fue la del PSPV. El principal grupo de la oposición recriminó al consistorio que trate de impedir seis años después la ejecución de una infraestructura de cuya planificación estuvo presumiendo durante la pasada legislatura. En concreto, el PSPV recordó que el ex concejal de Medio Ambiente, el tránsfuga del PSPV Juan Collado, la negociación del cambio de vendió emplazamiento (desde la desembocadura del río Racons a la zona del polígono) como un éxito y que sus socios de PP y CU (el actual gobierno) lo aplaudieron.

El consistorio también aprobó ayer (esta vez en solitario) un plan económico financiero, a desarrollar en un plazo de tres años, con el objetivo de corregir el déficit de 4 millones que, según el edil de Hacienda, Vicente Chelet, se arrastra desde los últimos años. El plan se basa en la contención del gasto (sobre todo, en Personal, con medio millón menos que 2011), y en el aumento de los ingresos derivado de la subida del IBI (un 16%). Además, se solicitará un préstamo de legislatura de 2,5 millones de euros.