La empresa concesionaria de la gestión del agua en Vigo, Aqualia, se limitó ayer a garantizar la calidad del agua que consumen los ciudadanos. De esta forma respondía a un informe del jefe de Servicios Generales del Concello en el que advertía que la planta de tratamiento «presenta un diseño claramente obsoleto en parte das súas instalacións e unhas carencias no tratamento que imposibilitan o cumprimento obrigatorio das limitacións establecidas no Real Decreto 140/2003». En esta normativa se establecen los criterios que debe cumplir el agua para ser potable.

La situación fue denunciada la semana pasada por el grupo municipal del PP, que ayer volvió a descubrir dos expedientes existentes en el Concello para mejorar la estación de tratamiento de agua potable de O Casal. El primero de ellos tiene fecha del 20 de enero de este año y se refi ere a la solicitud de la Ute Aqualia-FCC para ampliar y modernizar la planta. El segundo expediente fue registrado el 20 de junio y alude al proyecto de mejoras. Posteriormente, con fecha del pasado día 2 fi guran los honorarios del proyecto, que ascienden a 11.748 euros. El concejal Antonio Bernárdez criticó el «oscurantismo» con que se está tratando todo este asunto por parte del gobierno local, pese a ser un tema de salud pública y, por tanto, de máximo interés para la ciudadanía al tratarse del consumo del agua.

El informe del ingeniero municipal es para el PP lo suficientemente preocupante como para dar explicaciones. Se pregunta qué pasa con la estación de tratamiento y en qué situación y condiciones se encuentra ante los muchos indicios que alertan de la precariedad de la instalación.

La oposición quiere saber si se está jugando con la salud de la población ante los informes que advierten sobre la necesidad de acometer obras en esa infraestructura.

Teniendo en cuenta las dudas que planean sobre la planta, exige al gobierno municipal que dé a conocer el contenido completo de los expedientes para saber el verdadero alcance.

Para el PP, el contrato recién suscrito entre el Concello y Aqualia no recoge ni una sola línea de modernización de la estación de tratamiento de agua.

No solo eso, sino que el segundo Plan E, desarrollado el pasado año y que permitía invertir en acciones medioambientales, no fue aprovechado por el Concello para ejecutar esta obra, pese a contar con más de treinta millones. Sufi cientes si se tiene en cuenta que la mejora en Casal supondría 21,5 millones. Las sospechas apuntan a que si no se hizo esta obra y se sustituyó por losetas fue simplemente por el hecho de que no se vea, aunque esté en juego la calidad del agua.

Por todo ello, Antonio Bernárdez exige una comparecencia pública del alcalde para explicar a los vigueses cómo piensa hacer la obra, quién la va a costear y en qué condiciones.

Las denuncias del PP no fueron respondidas por el gobierno local. El concejal Carlos Font se limitó a cuestionar la gestión del agua en la etapa de Corina Porro y eludió cualquier pronunciamiento sobre los informes. En apariencia los desconocía y se limitó a decir que «si han llegado por registro están en poder del gobierno local, que los tendrá que analizar».

Pese a no entrar en el fondo del asunto defendió la calidad del agua. Y el califi cativo de «obsoleta» que los técnicos municipales achacan a la planta de tratamiento lo relacionó «con la falta de inversiones en la etapa de Porro».