Empieza a ser innecesario repetir que, con variaciones territoriales que dependen del mayor o menor nivel de desarrollo agrícola, urbano, turístico, residencial o industrial de cada zona, el regadío significa en torno al 80% de las demandas totales de agua de Andalucía. Esta cifra habría que elevarla aún más si nos referimos a consumos netos, es decir a agua que se extrae del sistema hidrológico (manantiales, ríos, acuíferos) y que no regresa al medio. Como es bien sabido, este desproporcionado reparto de los relativamente abundantes recursos hídricos disponibles entre los diferentes sectores de uso sigue siendo, en términos generales, la clave del problema del agua en Andalucía. Pero, sin olvidar este telón de fondo general, hay que subrayar que el abastecimiento a la población es el sector, el uso, fundamental del conjunto del sistema de gestión del agua. Fundamental por su prioridad social, legal y económica, sólo condicionada por las restricciones ambientales, consideradas como límites a la presión sobre los ecosistemas acuáticos que no se deben superar por constituir umbrales más allá de los cuales nuestros propios intereses básicos como especie quedan amenazados.