Sistema Español CTE
La incidencia que la tecnología y la innovación tienen en la competitividad y en el desarrollo económico es algo que en la actualidad está ampliamente reconocido. Como también lo está la necesidad de contar con adecuados sistemas de ciencia, tecnología y empresa que posibiliten un uso más eficiente de los recursos. Todos los gobiernos tienen entre sus prioridades fomentar y potenciar estas actividades y posibilitar el funcionamiento más eficaz del sistema.
La UE, preocupada por la situación de Europa en esta materia en comparación con los EE.UU. y Japón, acordó en la Cumbre Europea de Barcelona, de marzo de 2002, que los gastos en I+D de la media comunitaria alcanzasen en el año 2010 el 3% del PIB. Este objetivo implica la puesta en marcha de políticas activas encaminadas a habilitar sistemas de ciencia y tecnología dinámicos y flexibles que permitan eliminar los obstáculos que dificultan la transformación de los avances científicos en realidades en el entorno productivo.
El actual Sistema español de Ciencia, Tecnología y Empresa se configura como tal tras la aprobación de la denominada Ley de la Ciencia de 1986. Ley que, entre sus objetivos fundamentales, persigue una mayor y mejor coordinación entre los distintos agentes del sistema. En este sentido, la Ley incide en el papel de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs), especialmente en el del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en las relaciones de unos y otros con las empresas.
El Sistema Español de Ciencia, Tecnología y Empresa engloba a todas las instituciones y organismos de titularidad pública o privada dedicados a la generación de conocimiento mediante la investigación y el desarrollo y/o la utilización de éste en el ámbito productivo, así como al conjunto de reglas, normas, tradiciones, etc., que en relación en estas materias imperan en la sociedad.
En general, se distinguen cuatro elementos claramente diferenciados: empresas, administraciones públicas, sistema público de I+D e infraestructuras de soporte. A estos cuatro elementos habría que añadir un quinto que estaría formado por lo que se denomina entorno, es decir, el conjunto de instituciones que tienen existencia propia al margen de la innovación pero cuyo desarrollo y regulación inciden en el proceso innovador, tal es el caso del sistema educativo o del sistema financiero.
- Sistema Público de I+D+I
- Organismos de soporte de la I+D
- Empresas: Las empresas son un elemento fundamental, no sólo porque son las que realmente innovan sino también por la importancia de sus relaciones con el sistema público de I+D. En este sentido, hay que destacar que el sistema público debe tener en cuenta las capacidades del tejido empresarial y sus necesidades en materia de innovación. Por su parte, las empresas, además de aportar recursos financieros, deben trasladar sus necesidades a los generadores de ciencia y tecnología para que éstos puedan orientar sus trabajos en la búsqueda de soluciones. Aumentar el número de empresas españolas que lleven a cabo desarrollos tecnológicos de manera sistemática y lograr un mayor aprovechamiento de los resultados de la I+D por parte de las empresas es uno de los objetivos estratégicos del actual Plan Nacional de I+D+I, Plan al que más adelante nos referiremos en este tema.
- Administraciones Públicas: En la actualidad, una de las funciones más importantes que realizan las Administraciones Públicas de los países europeos en el marco de sus respectivos sistemas de ciencia y tecnología es la de apoyar activamente el proceso de innovación tecnológica. Entre las principales justificaciones de este apoyo público a la innovación está su carácter de bien público y el riesgo inherente que conlleva todo proceso de investigación. En este sentido, las Administraciones P úblicas deben incentivar a las empresas a alcanzar el nivel óptimo de inversión en I+D+I, en función de su propio beneficio y de las externalidades que se generarán para el resto del sistema económico.
El importante papel de las Administraciones P úblicas se materializa en los siguientes puntos: estimular el papel de las empresas; proporcionar el marco jurídico y macroeconómico que permita una mayor coordinación de las tareas científico-tecnológicas de los sectores público y privado; y crear entidades instrumentales que dinamicen dicho marco.
En el caso español, bajo la denominación de Administraciones P úblicas como elemento del sistema de ciencia y tecnología se incluye el conjunto de organismos públicos, estatales, autonómicos, locales y europeos que, mediante la oportuna legislación, persiguen la promoción de la innovación tecnológica como una vía para la búsqueda de un mayor bienestar social, manteniendo o mejorando la capacidad y posición competitiva de las empresas.
El Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) es el órgano de la Administración General del Estado encargado de la coordinación de la política científica y tecnológica.
Figura 1. Estructura del Ministerio de Ciencia e Innovación
Para reforzar esta política de integración ha sido necesaria una adaptación del entorno institucional. Así, se adscribieron al nuevo Ministerio importantes órganos de coordinación y evaluación. En este aspecto, cabe destacar la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) y la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP).
Entre las novedades a destacar dentro de los agentes de la administración pública se encuentra la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), que fue creada por acuerdo de Consejo de Ministros en abril de 2001 a iniciativa del MCYT, y que opera como una entidad sin ánimo de lucro y con autonomía funcional.
En el ámbito autonómico, las CC.AA. también han impulsado normas destinadas al fomento y coordinación de la investigación científica y técnica, que en unos casos han tenido rango de Ley y en otros carácter reglamentario. Todas las CC.AA. han aprobado ya algún tipo de norma en esta materia, tanto de contenido material como de naturaleza organizativa y todas cuentan con planes específicos de investigación y/o con organismos dedicados a potenciar la investigación (Instituto Tecnológico de Aragón, Consejo Asesor de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Galicia, Red Vasca de Tecnología, entre otros).
- Sociedad en su conjunto
Figura 2. Esquema del Sistema Nacional CTE
Así mismo, la Ley de la Ciencia establece el Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico para el fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica que corresponde al Estado, y crea la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) como órgano de planificación, coordinación y seguimiento del Plan Nacional. El Plan Nacional está así concebido como un mecanismo integrador que debe fijar los grandes objetivos en I+D para períodos plurianuales y ordenar las actividades dirigidas a su consecución en programas a realizar por los distintos Departamentos Ministeriales con responsabilidades en la materia.
Más información sobre el Plan Nacional de I+D+I 2004-2007