El Ministerio de Medio Ambiente debería haber ejecutado en 2001 los planes de seguridad de las tres presas de tipo A -las de mayor riesgo potencial: el Pontón Alto, Linares del Arroyo y El Tejo- que son de su competencia y, al mismo tiempo, debería haber exigido a los propietarios de las otras cinco presas que lo hubiesen ejecutado en 2002, que es el caso de las de Burgomillodo, Riaza y las Vencías, y en 2003, en El Carrascal, y Torrecaballeros. La elaboración de estos planes de emergencia es una de las obligaciones contenidas en el reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses, que fue aprobado por una orden ministerial de 12 de marzo de 1996.