Las organizaciones conservacionistas Ecologistas en Acción y WWF España, en referencia al dictamen del pleno del Consejo Consultivo de Andalucía sobre la proposición de ley impulsada por el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz acerca de la delegación de competencias sobre las aguas del río Guadalquivir que transcurren íntegramente por el territorio de Andalucía por la vía del artículo 150.2 de la Constitución en el que indica que es "ajustada al ordenamiento constitucional", han recordado que "hay tareas pendientes en la gestión del agua más allá del lío de las competencias".

Así se ha pronunciado la responsable en materia de aguas de WWF, Eva Hernández, en declaraciones a Europa Press, en las que ha señalado que la anterior transferencia de competencias sobre el Guadalquivir "también pasó por el Consejo Consultivo" y luego el Tribunal Constitucional "no le dio la razón" --en referencias a la traspaso de competencias mediante el Estatuto andaluz--, por lo que pide "el beneficio de la duda" ante esta nueva decisión.

En este sentido, ha insistido en que "hay tareas pendientes en materia de gestión de agua en España" como la incorporación de la normativa española a la Directiva Marco de Agua, aprobar los planes de cuenca o aplicar la directiva europea "en condiciones", pues en este país "no sabemos muy bien como hacerlo".

"Con tantas tareas pendientes, no entiendo que sigan con este lío de competencias", ha lamentado, al tiempo que ha abogado "por trabajar juntos --todas las administraciones-- para conseguir una buena gestión de agua". En este punto, ha planteado que es en estos momentos, cuando el mismo partido político gobierna en la Junta de Andalucía y en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), "la cooperación debería ser posible, sin embargo seguimos con más de 1.000 pozos ilegales en Doñana, lo que refleja que ni con las competencias en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ni en la Administración andaluza, se han cerrado".

"La gestión del agua es mucho más que una competencias en un papel, sino que implica responsabilidades que asumir", advierte. Por su parte, la portavoz de Ecologistas en Acción Andalucía, Dolores Yllescas, admite que el órgano consultivo concluya que "de conformidad con la jurisprudencia constitucional no es posible fragmentar el régimen jurídico ni la administración de las aguas de forma que se haga peligrar la unidad de gestión, si bien considera que garantizar la unidad de gestión no equivale a sostener que sólo puede corresponder a la Administración Hidráulica del Estado la gestión de las aguas de estas cuencas", puesto que existen "mecanismos más que suficientes" para preservarla, aunque el conjunto de actos administrativos que la misma exigen "no sean siempre dictados por la misma administración".

No obstante, aclara que "se puede mantener la unidad de cuenca por distintos procedimientos", pero lamenta "el vaivén al que la Junta tiene sometidos a los ciudadanos" en torno al Guadalquivir. "Este truco político permanente refleja que lo que interesa son las competencias por la transferencia económica que supone", ha añadido.

"INTERESES ECONÓMICOS"

En este sentido, Yllescas teme que detrás de todo este debate "lo único que hay son intereses económicos". "Hace 20 días deciden que legalmente no pueden llegar a acuerdo y ahora sí, qué pasa", ha cuestionado. "Indudablemente no hace falta que el Estado sea el que gestione la cuenca de forma íntegra, pues puede ser cualquier otro organismo unitario, si bien el reparte de funciones no se entiende, pues cualquier gestión debe ser unitaria".

"La gestión de la Administración andaluza en materia de agua es un descontrol y continuo vaivén", ha criticado. Por otro lado, cabe recordar que el órgano consultivo recuerda que el Estado "debe retener" las competencias normativas, así como las potestades de coordinación, control y gestión de actividades de repercusión extracomunitaria, pero las demás facultades ejecutivas y sus "inherentes posibilidades organizativas" pueden delegarse en la comunicad autónoma.

Además, la proposición de ley promovida por el grupo socialista "delimita las competencias objeto de delegación", ya que se refieren a las aguas de la cuenca que transcurren por el territorio andaluz, por lo que se entiende que "resulta ajustada al ordenamiento jurídico".