Las instalaciones hidráulicas recibirán parte de los pagos por disponibilidad destinados a las centrales de gas y de carbón. Así figura en la orden que Industria publicará en breve y que las eléctricas esperaban desde hacía tiempo. Iberdrola, en contra de la opinión del resto de sus socios de Unesa, había pedido que estos pagos (197 millones este año) se extendieran a la hidráulica.
Es la última norma regulatoria relevante que, con probabilidad, aprobará este Gobierno y que las grandes eléctricas llevaban esperando desde hacía meses. Concretamente, desde que el Ministerio de Industria enviase un borrador el pasado junio a la Comisión Nacional de Energía (CNE) para su informe. Se trata del reglamento de los llamados pagos que recibirán las centrales por estar disponibles para cubrir puntas de demanda y cuya aprobación fue un compromiso del Gobierno con las tres grandes del sector (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) para que retirasen a finales del año pasado los pleitos que mantenían en varios tribunales contra los decretos de ayuda al carbón nacional.
Estos imponían a las eléctricas la generación obligatoria con carbón local a un precio regulado. Una medida con calzador que perjudicaba al resto de plantas térmicas (los ciclos combinados de gas y las de carbón de importación). Estas resultaban desplazadas en el mercado por el mineral autóctono, duramente castigado por la crisis de la demanda al no poder competir en precio. A cambio de esta obligación, y una vez que las tres empresas retiraran sus recursos, Industria elaboró un borrador de reglamento para pagar, mediante el mecanismo de los pagos por capacidad (que sufragan los consumidores en la tarifa de acceso), el lucro cesante de las térmicas perjudicadas. Solo las centrales de gas han venido funcionando desde el comienzo de la crisis al 40% de su capacidad. La compensación, que asciende a 197 millones este año (y otros 150 millones por inversión), está incluida en la orden ministerial que aprobó el lunes la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, a pesar de que Economía no la vio con muy ojos, según aseguran fuentes del Gobierno. Pero, para sorpresa de Endesa, HC Energía y Gas Natural Fenosa, que han recibido la noticia como un jarro de agua fría, las compensaciones se extienden también a tecnologías que pueden ofrecer el servicio de disponibilidad, como es el caso de la hidroeléctrica, que también es gestionable. Fuentes del sector aseguran que Industria "coló" este cambio en el último minuto, y es fruto de las protestas de Iberdrola (la compañía con mayor producción hidráulica) en el propio ministerio y la CNE. Además, así como en el borrador que analizó la Comisión el carbón se retribuía tres veces más que el gas, en la citada orden, que entrará en vigor en diciembre, las tres tecnologías se retribuyen en la misma medida. Esto es, sin tener en cuenta sus costes. En el consejo consultivo de la electricidad de la CNE, las posiciones de las eléctricas de Unesa fueron claras: excepto Iberdrola, que combatió la norma, el resto la apoyó (HC Energía y Gas Natural Fenosa con mayor firmeza). Estas compensaciones fueron muy criticadas también por todos los sectores de renovables.
Las eléctricas ya habían perdido la esperanza de que este Gobierno aprobara la orden ministerial de los llamados pagos por capacidad para compensar a las centrales de carbón y de gas. Ello a pesar de la promesa hecha por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, a los máximos ejecutivos de las compañías. Las fuertes críticas de la Comisión de Energía (CNE) a la norma y el hecho de que el ministro la mantuviese aparcada tanto tiempo hizo temer que pasaría a mejor vida, hasta que lo resucitara el Gobierno resultante de las próximas elecciones.
Pero el temor de las eléctricas por no recibir las compensaciones prometidas se ha tornado en el malestar por los cambios introducidos a última hora.
Así, el pago se ha extendido a la hidráulica y todas las plantas recibirán la misma retribución, al margen de sus costes. Frente a los 3.150 euros/MW para el gas y los 20.750 euros/MW para el carbón (en general), que figuraban en el primer borrador, la orden que entrará en vigor en diciembre (y durará un año) fija 5.150 euros MW, a los que se aplicarán distintos coeficientes en función de la tecnología y las horas. Un sistema injusto, según las más perjudicadas, pues "los costes del carbón son tres veces superiores a los de los ciclos y hasta nueve veces los de la hidráulica". En este punto, los más críticos se preguntan "por qué no compensar también a las centrales nucleares", a la vista del empeño del Gobierno de promover las energías renovables y, a la vez, de contar con las plantas del régimen ordinario. La CNE se opuso en su dictamen a un mecanismo que consideraba un parche para cubrir los errores de los decretos sobre el carbón, con los que había sido muy crítico. Para el regulador, la propuesta no era urgente ni necesaria y carecía de fundamento por ser transitoria (en principio, era para el segundo semestre de este año). Además, carecía de metodología y era discriminatoria, ya que afectaba solo a ciertas tecnologías. Con todo, el regulador ve necesario un sistema de pagos por capacidad para evitar el cierre de centrales, aunque debe tener en cuenta la capacidad actual del sistema y el déficit de tarifa.