Si el Principado insiste en aplazar y modificar los proyectos de ampliación de las depuradoras de Villapérez y San Claudio, como anunció la Consejería de Infraestructuras a finales del pasado mes, se arriesga a perder la inversión de 57 millones del Gobierno central que suponen ambas obras. Así se lo hizo saber ayer al Ejecutivo regional el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, en un duro ultimátum en el que acusa a la Consejería asturiana de actuar de forma «temeraria» e «irresponsable».

Tras el anuncio del director general de Obras Hidráulicas, José Javier González, de aplazar estas obras al segundo semestre de 2012, basándose en que su presupuesto es «desmesurado» y en que presenta «graves incongruencias», el Ministerio explica ahora al Principado que no pueden paralizar acuerdos y proyectos sobre los que existía un consenso generalizado: «El Gobierno del Principado», denunció ayer Fomento a través de un comunicado, «no puede actuar ahora de forma unilateral y alterar los proyectos ya consensuados y aprobados, a menos que esté dispuesto a romper el acuerdo y asumir en solitario la realización de los obras. De mano, porque según las condiciones de financiación y ejecución de los proyectos incluidos en el plan nacional de calidad de las aguas, la aprobación y desarrollo de los trabajos relativos a las depuradoras de San Claudio y Villapérez corresponden a Acuanorte, pero además porque dichos anteproyectos ya se aprobaron y consensuaron en su día, con el anterior Gobierno regional, tras los pertinentes estudios de análisis de alternativas».

El Ministerio aprovecha el comunicado para detallar cómo en el caso concreto de la ampliación de las depuradoras de San Claudio y Villapérez es también la Administración nacional, a través de Acuanorte, quien aporta a fondo perdido casi el 80% de la inversión, contando para ello con financiación europea, fondos que deben ser gastados antes de que finalice un plazo determinado, lo que también hace peligrar ahora la inversión por el último retraso impuesto por la Consejería.Y también explica que los 16,1 millones que el Principado tendría que aportar cuentan, también, con una oferta de Madrid para endeudarse por esta cantidad y recuperarla con una fórmula económica que le permitiría a la Administración regional abonar la inversión a largo plazo.

De forma muy explícita, Madrid aclara que «con su actitud la Administración autonómica se está situando en un camino sin salida, que, con gran probabilidad, puede llevar a la paralización definitiva de estas piezas claves en el saneamiento del área central, con todo lo que ello conlleva, en detrimento de la región». El Ministerio también recuerda al Principado que la Confederación no autorizará los vertidos que no cumplan con la calidad y formalmente vuelve a insistir en que «la decisión unilateral de aparcar los compromisos adquiridos y seguir con los planteamientos y descalificaciones emanadas por el portavoz de la Viceconsejería resulta temeraria e irresponsable, y puede conducir a la definitiva frustración de estas inversiones, con las nefastas consecuencias para el medio ambiente y los desarrollos urbanos e industriales de Oviedo».