La Dirección General HUESCA.de Evaluación y Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente se excedió en sus competencias al fijar algunas condiciones para permitir la construcción del embalse de Biscarrués. Así lo afirma al menos el informe jurídico encargado por Riegos del Alto Aragón a un gabinete de abogados de Madrid. Los expertos legales cuestionan, por ejemplo, que la resolución exija una nueva estimación de costes y considere a los regantes como únicos beneficiarios de la obra.

El pasado mes de julio, la Secretaría de Estado de Cambio Climático, a propuesta de la citada dirección general, formuló declaración de impacto ambiental favorable, pero imponiendo severas restricciones. La Comunidad General de Riegos del Alto Aragón encargó entonces un informe jurídico para saber si se ajustaba a la ley. El primer borrador de ese informe concluye que la resolución sobrepasa las competencias de Evaluación Ambiental al valorar asuntos que son responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Ebro o de la Dirección General del Agua. Las pegas jurídicas se refieren sobre todo al análisis de los nuevos regadíos, la revisión de los costes del embalse y los perjuicios ocasionados en las actividades turísticas.

La resolución de Medio Ambiente exige adoptar una serie de medidas antes de aprobar el proyecto. Una de ellas es adecuar la repercusión de costes de la obra teniendo en cuenta que los regantes son los principales beneficiarios, pues «no procede cuantificar como beneficiarios a quienes desarrollan actividades turísticas, siendo por el contrario recomendable hacer una estimación de los perjuicios económicos que la nueva infraestructura puede suponer», señala, en alusión a los negocios de 'rafting'. A partir de aquí pide una valoración de «si el precio del metro cúbico de agua hace rentable el proyecto». La ejecución de la obra de regulación se ha estimado hasta ahora en 123 millones de euros.

Otra condición de la declaración de impacto pasa por concretar las superficies de riego beneficiarias del nuevo embalse cuya «viabilidad ambiental deberá haberse resuelto antes de la entrada en explotación del embalse».

La declaración de impacto no se puede recurrir pero Riegos se reserva el informe por si surgen inconvenientes en el trámite de la aprobación del proyecto, un acto jurídico que sí puede ser impugnado. El secretario de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, anunció «la inminente» licitación del proyecto y obra de Biscarrués.

Según los abogados de Riegos, el Ministerio se extralimitó al exigir un nuevo estudio de costes que tenga en cuenta los perjuicios al negocio del 'rafting'