La Junta de Andalucía va a tener que pisar a fondo el acelerador si realmente quiere alcanzar el vertido cero antes del 1 de enero de 2016, día en el que expira el plazo de la UE para que el cien por cien de las aguas residuales sean tratadas correctamente antes de ir a parar al mar. Casi un año después de que el Ejecutivo autonómico declarara de interés comunitario las 47 obras que completarán el mapa del saneamiento en la provincia con una inversión de 390,1 millones de euros, los avances en este ambicioso plan se limitan casi exclusivamente a la burocracia y a la finalización de infraestructuras menores que ya estaban en marcha en pequeñas poblaciones. Mientras, siguen en el alero los grandes proyectos, así como la mayor parte de la veintena de depuradoras que darán servicio a los pueblos del interior que tiran aún su carga contaminante a ríos y arroyos.

En el punto de mira permanece el caso sangrante de Nerja, único municipio costero de la provincia que vierte sus aguas fecales al mar sin tratar. La construcción de la depuradora, incluida en este paquete de actuaciones prioritarias de la Junta pese a que toda la tramitación y los 40,9 millones que costará corren por cuenta del Ministerio de Medio Ambiente, sigue pendiente de salir a concurso seis meses después de que el Gobierno diera luz verde a su licitación.

Tampoco han entrado las máquinas en dos proyectos básicos para impedir que el río Guadalhorce continúe siendo la cloaca a la que desembocan los residuos que genera la comarca. Se trata de la estación de Álora-Pizarra y los colectores que canalizarán las aguas de Alhaurín el Grande y Cártama, dos obras que llevan más de cuatro años contratadas y que la Consejería de Medio Ambiente espera arrancar antes de que finalice el año.

Más verde aún se encuentra la tercera depuradora de la capital, puesto que lo único que se da por seguro es su ubicación junto al aeropuerto y que garantizará el tratamiento en buena parte del área metropolitana (Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama, Campanillas, Churriana y Puerto de laTorre). En el mismo cajón se encuentran las ampliaciones de las plantas de La Víbora (Marbella), Manilva, La Cala de Mijas y Antequera. De hecho, las únicas obras que se han adjudicado en este tiempo han sido las que garantizarán el saneamiento en Colmenar y Teba, aunque no han empezado a ejecutarse.

Desde la Junta afirman por activa y por pasiva que se logrará el objetivo. «El vertido cero está garantizado para 2015; se está trabajando intensamente para ello y se va a cumplir», asegura el delegado provincial de Medio Ambiente, Francisco Fernández España. Una llamada al optimismo que para nada comparten en el seno del Foro de Saneamiento Integral de la Costa del Sol, donde la sensación es que se ha perdido un año y que aún hay mucho que batallar para que las natas dejen de enturbiar la imagen de un litoral que debe su subsistencia al turismo. «Después de tantas promesas, son lógicas las dudas y el escepticismo porque el tiempo nos está dando la razón», reconoce el coordinador de esta plataforma reivindicativa, Salvador Vilches, quien avisa del daño que el incumplimiento de la directiva comunitaria puede ocasionar no solo en forma de sanciones, sino «fundamentalmente, en la Costa del Sol como destino turístico». En este sentido, el presidente de la patronal hotelera Aehcos, José Carlos Escribano, advierte de que «el respeto al medio ambiente cada vez está más presente en el sector turístico y entre los touroperadores, de modo que resulta imposible vender calidad con estas playas».

Al margen de denunciar los «escasos avances» registrados hasta el momento, el Foro de Saneamiento incide en la elaboración de un calendario de trabajo en el que se detallen los pasos a seguir en cada proyecto, además de información sobre el destino del dinero que se está cobrando a los andaluces a través del canon de mejora de infraestructuras que se viene aplicando desde el pasado mes de mayo para financiar las obras pendientes y que supone un incremento medio de 1,2 euros mensuales en la factura. Sobre el uso de esos fondos, en la Agencia Andaluza delAgua se defienden argumentando que aunque los usuarios ya están abonando ese canon, el dinero recaudado aún no ha llegado a las arcas autonómicas porque, según apuntan, los ayuntamientos deben transferirlo cada seis meses, por regla general. Una explicación que no convence al sector turístico. «Si esos ingresos están garantizados, cualquier banco estará en disposición de adelantar un dinero que ya se podría estar usando para acometer estas obras», apunta Vilches.

Además, también ponen en duda que los 390,1 millones consignados por la Junta sean suficientes para tal fin, a los que también habría que sumar la inversión necesaria para la renovación y mantenimiento de aliviaderos, colectores y emisarios submarinos cuyo mal estado está también detrás de buena parte de los vertidos al mar. Según sus cálculos, completar el saneamiento costaría unos 600 millones, a razón de 150 millones anuales hasta el citado 1 de enero de 2016.