ONG ecologistas pedirán a la Defensora del Pueblo que recurra ante el TC la modificación de la Ley de Aguas
Mié, 21/09/2011
Las ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Seo/Birdlife y WWF pedirán a la Defensora del pueblo que recurra ante el Tribunal Constitucional la modificación de la Ley de Aguas porque la consideran un "riesgo para los ecosistemas".
Previamente, el pasado 5 de septiembre han remitido una carta a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, en la que denuncian el modo en que se ha hecho la reforma y en la que manifiestan su rechazo a dichos cambios porque, en su opinión, supone pasar el control del Dominio Público Hidráulico a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón y Cataluña.
En la misiva, las organizaciones denuncian las "formas empleadas" en la modificación, porque fue aprobada en el Consejo de Ministros el 26 de agosto por vía de extrema urgencia y mediante un Real Decreto Ley.
En ese sentido, cuestionan tanto su urgencia como su constitucionalidad, al tiempo que advierten del riesgo que supone que dichas comunidades autónomas no actúen "con determinación y objetividad" a la hora de proteger el Dominio Público Hidráulico.
De este modo, tras la convalidación de dicho Real Decreto-ley el pasado 15 de septiembre en el Congreso de los Diputados, pedirán a la Defensora del Pueblo que recurra tal modificación ante el Tribunal Constitucional.
Concretamente, estiman que, en vez de acometer cambios "parciales y precipitados" el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "debería haber planteado una reforma profunda de la administración hidráulica".
En su carta piden a Aguilar que tome las medidas oportunas para retirar el Real Decreto-ley y que permita un "debate sosegado" de las razones que justificaron dicha actuación por parte del Gobierno de España, para que se pueda poner una solución satisfactoria que no ponga en peligro las necesarias políticas estatales en materia de agua.
Al mismo tiempo, le ruegan que someta todos los proyectos legislativos con efecto importante sobre el medio ambiente al debate del Consejo Asesor de Medio Ambiente y a cualquier otro consejo o mecanismo de participación necesario para cumplir la Ley de Acceso a Información Ambiental.
En este contexto, le recuerdan que dicha modificación supone de hecho "romper la unidad de cuenca hidrográfica" y poner "en serio peligro" el cumplimiento de los planes de cuenca intercomunitarios. "El control y vigilancia son herramientas fundamentales para asegurar la ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una comunidad autónoma y, por lo tanto, es parte misma de las competencias exclusivas de la Administración General del Estado, según el artículo 149 (22ª) de la Constitución Española", insisten.
INTERESES CONTRARIOS
Por ello, las organizaciones ecologistas destacan a la titular de Medio Ambiente que "debe ser muy consciente" de que "en muchas ocasiones" los intereses y políticas de las comunidades autónomas son "contrarios" a los de otras comunidades autónomas y a las de la propia Administración General del Estado, algo que, en su opinión, se hace "mucho más visible en políticas del agua".
Asimismo, ante la Defensora del Pueblo argumentarán que su petición se basa en que las estructuras y organizaciones actuales no se corresponden con los retos modernos de la gestión del agua, como es cumplir en forma y plazo los requerimientos de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.
Igualmente, subrayan en su petición que esta reforma se debe realizar "con serenidad y transparencia" así como con el "máximo respeto" hacia la sociedad civil, los usuarios del agua y la unidad de cuenca.
Finalmente, las cinco organizaciones califican de "nefasta" la política de aguas de esta última legislatura porque se han producido "numerosas y flagrantes infracciones" de la normativa estatal y europea "en todo el país". Por este motivo, piden que en la próxima legislatura, Gobierno y comunidades autónomas recuperen el "tiempo perdido" en este periodo y den un "salto cualitativo" en la protección y buena gestión de los acuíferos, ecosistemas fluviales, humedales y aguas costeras, tal y como establece la Ley de Aguas y la Directiva Marco del Agua y que se creen instituciones "capaces de garantizarlo".
Previamente, el pasado 5 de septiembre han remitido una carta a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, en la que denuncian el modo en que se ha hecho la reforma y en la que manifiestan su rechazo a dichos cambios porque, en su opinión, supone pasar el control del Dominio Público Hidráulico a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón y Cataluña.
En la misiva, las organizaciones denuncian las "formas empleadas" en la modificación, porque fue aprobada en el Consejo de Ministros el 26 de agosto por vía de extrema urgencia y mediante un Real Decreto Ley.
En ese sentido, cuestionan tanto su urgencia como su constitucionalidad, al tiempo que advierten del riesgo que supone que dichas comunidades autónomas no actúen "con determinación y objetividad" a la hora de proteger el Dominio Público Hidráulico.
De este modo, tras la convalidación de dicho Real Decreto-ley el pasado 15 de septiembre en el Congreso de los Diputados, pedirán a la Defensora del Pueblo que recurra tal modificación ante el Tribunal Constitucional.
Concretamente, estiman que, en vez de acometer cambios "parciales y precipitados" el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "debería haber planteado una reforma profunda de la administración hidráulica".
En su carta piden a Aguilar que tome las medidas oportunas para retirar el Real Decreto-ley y que permita un "debate sosegado" de las razones que justificaron dicha actuación por parte del Gobierno de España, para que se pueda poner una solución satisfactoria que no ponga en peligro las necesarias políticas estatales en materia de agua.
Al mismo tiempo, le ruegan que someta todos los proyectos legislativos con efecto importante sobre el medio ambiente al debate del Consejo Asesor de Medio Ambiente y a cualquier otro consejo o mecanismo de participación necesario para cumplir la Ley de Acceso a Información Ambiental.
En este contexto, le recuerdan que dicha modificación supone de hecho "romper la unidad de cuenca hidrográfica" y poner "en serio peligro" el cumplimiento de los planes de cuenca intercomunitarios. "El control y vigilancia son herramientas fundamentales para asegurar la ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una comunidad autónoma y, por lo tanto, es parte misma de las competencias exclusivas de la Administración General del Estado, según el artículo 149 (22ª) de la Constitución Española", insisten.
INTERESES CONTRARIOS
Por ello, las organizaciones ecologistas destacan a la titular de Medio Ambiente que "debe ser muy consciente" de que "en muchas ocasiones" los intereses y políticas de las comunidades autónomas son "contrarios" a los de otras comunidades autónomas y a las de la propia Administración General del Estado, algo que, en su opinión, se hace "mucho más visible en políticas del agua".
Asimismo, ante la Defensora del Pueblo argumentarán que su petición se basa en que las estructuras y organizaciones actuales no se corresponden con los retos modernos de la gestión del agua, como es cumplir en forma y plazo los requerimientos de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.
Igualmente, subrayan en su petición que esta reforma se debe realizar "con serenidad y transparencia" así como con el "máximo respeto" hacia la sociedad civil, los usuarios del agua y la unidad de cuenca.
Finalmente, las cinco organizaciones califican de "nefasta" la política de aguas de esta última legislatura porque se han producido "numerosas y flagrantes infracciones" de la normativa estatal y europea "en todo el país". Por este motivo, piden que en la próxima legislatura, Gobierno y comunidades autónomas recuperen el "tiempo perdido" en este periodo y den un "salto cualitativo" en la protección y buena gestión de los acuíferos, ecosistemas fluviales, humedales y aguas costeras, tal y como establece la Ley de Aguas y la Directiva Marco del Agua y que se creen instituciones "capaces de garantizarlo".