C-LM reivindicará un cambio del PNH de 2005 y elaborará una nueva estrategia para la cuenca cedente
Mar, 13/09/2011
La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, ha anunciado que el Gobierno de María Dolores de Cospedal reivindicará un cambio del Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2005, que modificó el de 2001, y que elaborará una nueva estrategia para la cuenca del Tajo.
Durante su comparecencia en las Cortes regionales para dar cuenta de la política que seguirá su departamento durante los próximos cuatro años, la consejera ha anunciado su compromiso con una nueva forma de entender la política de aguas en Castilla-La Mancha "ajena a la demagogia y al continuo enfrentamiento estéril".
Es por ello que ha aprovechado su presencia en el Parlamento regional para pedir el apoyo "presente y futuro" con el objetivo de trabajar para que la región tenga agua de calidad y en cantidad suficiente.
Según ha aseverado, para este Gobierno la defensa del agua es una "prioridad" y "lo haremos con firmeza, pero bajo la estrategia del acuerdo, y no de la confrontación".
Dicho esto, ha manifestado que es necesario restituir el espíritu del PHN del año 2001, que fue objeto de un "gran consenso" y logró la "casi total" adhesión de las comunidades autónomas. Ese plan, ha dicho, demostró que era posible el reparto de recursos hídricos, de modo que toda España y, muy particular, Castilla-La Mancha, tuviera garantizada sus necesidades hídricas actuales y futuras.
Por lo tanto, ha adelantado que la Consejería reivindicará un cambio del PHN de 2005, una reforma del Gobierno de Zapatero que "dejó nuevamente al Tajo como único río cedente de agua en España, y que ha demostrado ser un "fracaso", porque "no ha contribuido a establecer una "paz hidráulica" sino que, "ha reabierto viejas heridas en este asunto entre comunidades autónomas y usuarios".
La consejera ha recalcado que el Gobierno de Cospedal defenderá el agua en todos los ámbitos en donde tiene participación la Junta de Castilla-La Mancha: los órganos colegiados de las confederaciones, en los departamentos ministeriales, e instituciones correspondientes.
Aprovechando que los planes hidrológicos de demarcación están en pleno proceso de tramitación, en muchos casos, en fase inicial, la consejera ha dejado claro que la Consejería sabrá negociar siendo "firmes" en la negociación. "Esperamos que Gobierno de España que salga de las urnas después del 20 de noviembre muestre ese talante dialogante y tenga espíritu de resolver --de una vez por todas-- los conflictos en materia de aguas".
MAPA DE DEMANDAS
Seguidamente, ha comentado que su objetivo inmediato es trabajar para definir, "con todo rigor", desde el punto de vista técnico las necesidades de agua de la región, pormenorizadas por sistemas hidrológicos "coherentes", conociendo todas las demandas detalladamente, demarcación por demarcación; sistema a sistema, y municipio a municipio para defederlas por encima de todo. Este mapa de demandas permitirá a este Gobierno reclamarlas, con coherencia, de cara a garantizar sus derechos.
La consejera asimismo ha adelantado que se va a elaborar una nueva estrategia para la cuenca del Tajo defendiendo la "irrenuncible" preferencia de la cuenca cedente "sin frentismos, sino con acuerdos con colectivos sociales --especialmente ayuntamientos, regantes y empresarios--, y "sin demagogias artificiales ni electoralistas, sino con demandas hídricas razonables y razonadas", considerando además que el Tajo no es una cuenca aislada ni exclusiva de Castilla-La Mancha sino que está compartida y su planificación debe estar integrada en la política hidrológica nacional.
TRASVASE
Respecto al trasvase Tajo-Segura, ha aseverado que esta cuestión no puede centrarse únicamente en fijar una "línea roja" en los embalses de cabecera, "a cuya elevación no se renunciará", sino en establecer unas nuevas reglas de explotación --"que han aportado seguridad a la caótica situación anterior--, proponiendo la elevación de su rango, para dotar a las decisiones de mayor seguridad jurídica, satisfaciendo así las necesidades de abastecimiento a la población como al resto de usos que precise la región.
El Gobierno de Cospedal requerirá a la Confederación para que se respeten los caudales ambientales de los ríos de la demarcación y, muy concretamente, los del caude principal, a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera; "pero no de cualquier modo, sino con aguas de calidad".
Ha querido dejar claro que se reivindicará una "verdadera" política hidrológica nacional que resuelva los problemas estructurales del agua en este país, "y no sólo a base de parches que, normalmente, se ejecutan cuando tenemos encima el problema de la sequía y los desabastecimientos".
ALTO GUADIANA
El Gobierno regional también reactivará el Plan Especial del Alto Guadiana, ha anunciado la consejera, que se ha mostrado preocupada de que el anterior Gobierno no pusiera encima de la mesa acuerdo o negociación alguna con los municipios a abastecer por esta "tremenda" infraestructura, trabajo importante de cara a garantizar el equilibrio económico de la misma.
En este contexto, ha avanzado que su Consejería iniciará un proceso negociador con los municipios afectados de cara a garantizar tanto el abastecimiento como la sostenibilidad financiera de las infraestructuras.
Respecto al Júcar, el Gobierno reivindicará la puesta en marcha de las infraestructuras que se encuentran paralizadas y en cuanto al Segura, hará especial hincapié en el desarrollo de las concesiones e infraestructuras hidráulicas en la cuenca del Segura, en la región, para reparar una histórica situación "discriminatoria" para con esta zona.
En materia de infraestructuras y su gestión, la consejera ha dicho que el compromiso de la Consejería es --una vez que la situación presupuestaria lo permita-- culminar las infraestructuras que están en marcha, trabajando conjuntamente con el resto de las administraciones, instar al Estado a que reactive aquellas que se encuentran paralizadas o muy ralentizadas, pero, especialmente, regularizar una situación "insostenible" de endeudamiento en cuanto a los compromisos asumidos por la Junta, a través de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, anteriormente denominada Aguas de Castilla-La Mancha.
Por último, ha transmitido a los ayuntamientos y a los ciudadanos que el Gobierno va a poner en marcha una nueva política en materia de abastecimiento y depuración con el objetivo de reducir las cargas económicas a los municipios y habitantes.
Durante su comparecencia en las Cortes regionales para dar cuenta de la política que seguirá su departamento durante los próximos cuatro años, la consejera ha anunciado su compromiso con una nueva forma de entender la política de aguas en Castilla-La Mancha "ajena a la demagogia y al continuo enfrentamiento estéril".
Es por ello que ha aprovechado su presencia en el Parlamento regional para pedir el apoyo "presente y futuro" con el objetivo de trabajar para que la región tenga agua de calidad y en cantidad suficiente.
Según ha aseverado, para este Gobierno la defensa del agua es una "prioridad" y "lo haremos con firmeza, pero bajo la estrategia del acuerdo, y no de la confrontación".
Dicho esto, ha manifestado que es necesario restituir el espíritu del PHN del año 2001, que fue objeto de un "gran consenso" y logró la "casi total" adhesión de las comunidades autónomas. Ese plan, ha dicho, demostró que era posible el reparto de recursos hídricos, de modo que toda España y, muy particular, Castilla-La Mancha, tuviera garantizada sus necesidades hídricas actuales y futuras.
Por lo tanto, ha adelantado que la Consejería reivindicará un cambio del PHN de 2005, una reforma del Gobierno de Zapatero que "dejó nuevamente al Tajo como único río cedente de agua en España, y que ha demostrado ser un "fracaso", porque "no ha contribuido a establecer una "paz hidráulica" sino que, "ha reabierto viejas heridas en este asunto entre comunidades autónomas y usuarios".
La consejera ha recalcado que el Gobierno de Cospedal defenderá el agua en todos los ámbitos en donde tiene participación la Junta de Castilla-La Mancha: los órganos colegiados de las confederaciones, en los departamentos ministeriales, e instituciones correspondientes.
Aprovechando que los planes hidrológicos de demarcación están en pleno proceso de tramitación, en muchos casos, en fase inicial, la consejera ha dejado claro que la Consejería sabrá negociar siendo "firmes" en la negociación. "Esperamos que Gobierno de España que salga de las urnas después del 20 de noviembre muestre ese talante dialogante y tenga espíritu de resolver --de una vez por todas-- los conflictos en materia de aguas".
MAPA DE DEMANDAS
Seguidamente, ha comentado que su objetivo inmediato es trabajar para definir, "con todo rigor", desde el punto de vista técnico las necesidades de agua de la región, pormenorizadas por sistemas hidrológicos "coherentes", conociendo todas las demandas detalladamente, demarcación por demarcación; sistema a sistema, y municipio a municipio para defederlas por encima de todo. Este mapa de demandas permitirá a este Gobierno reclamarlas, con coherencia, de cara a garantizar sus derechos.
La consejera asimismo ha adelantado que se va a elaborar una nueva estrategia para la cuenca del Tajo defendiendo la "irrenuncible" preferencia de la cuenca cedente "sin frentismos, sino con acuerdos con colectivos sociales --especialmente ayuntamientos, regantes y empresarios--, y "sin demagogias artificiales ni electoralistas, sino con demandas hídricas razonables y razonadas", considerando además que el Tajo no es una cuenca aislada ni exclusiva de Castilla-La Mancha sino que está compartida y su planificación debe estar integrada en la política hidrológica nacional.
TRASVASE
Respecto al trasvase Tajo-Segura, ha aseverado que esta cuestión no puede centrarse únicamente en fijar una "línea roja" en los embalses de cabecera, "a cuya elevación no se renunciará", sino en establecer unas nuevas reglas de explotación --"que han aportado seguridad a la caótica situación anterior--, proponiendo la elevación de su rango, para dotar a las decisiones de mayor seguridad jurídica, satisfaciendo así las necesidades de abastecimiento a la población como al resto de usos que precise la región.
El Gobierno de Cospedal requerirá a la Confederación para que se respeten los caudales ambientales de los ríos de la demarcación y, muy concretamente, los del caude principal, a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera; "pero no de cualquier modo, sino con aguas de calidad".
Ha querido dejar claro que se reivindicará una "verdadera" política hidrológica nacional que resuelva los problemas estructurales del agua en este país, "y no sólo a base de parches que, normalmente, se ejecutan cuando tenemos encima el problema de la sequía y los desabastecimientos".
ALTO GUADIANA
El Gobierno regional también reactivará el Plan Especial del Alto Guadiana, ha anunciado la consejera, que se ha mostrado preocupada de que el anterior Gobierno no pusiera encima de la mesa acuerdo o negociación alguna con los municipios a abastecer por esta "tremenda" infraestructura, trabajo importante de cara a garantizar el equilibrio económico de la misma.
En este contexto, ha avanzado que su Consejería iniciará un proceso negociador con los municipios afectados de cara a garantizar tanto el abastecimiento como la sostenibilidad financiera de las infraestructuras.
Respecto al Júcar, el Gobierno reivindicará la puesta en marcha de las infraestructuras que se encuentran paralizadas y en cuanto al Segura, hará especial hincapié en el desarrollo de las concesiones e infraestructuras hidráulicas en la cuenca del Segura, en la región, para reparar una histórica situación "discriminatoria" para con esta zona.
En materia de infraestructuras y su gestión, la consejera ha dicho que el compromiso de la Consejería es --una vez que la situación presupuestaria lo permita-- culminar las infraestructuras que están en marcha, trabajando conjuntamente con el resto de las administraciones, instar al Estado a que reactive aquellas que se encuentran paralizadas o muy ralentizadas, pero, especialmente, regularizar una situación "insostenible" de endeudamiento en cuanto a los compromisos asumidos por la Junta, a través de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, anteriormente denominada Aguas de Castilla-La Mancha.
Por último, ha transmitido a los ayuntamientos y a los ciudadanos que el Gobierno va a poner en marcha una nueva política en materia de abastecimiento y depuración con el objetivo de reducir las cargas económicas a los municipios y habitantes.