La consejera de Presidencia, Mar Moreno, ha manifestado que el Gobierno andaluz espera que haya consenso en el Parlamento autonómico entre los partidos políticos que apoyaron la reforma del Estatuto de Autonomía en torno a la proposición de Ley Orgánica, presentada por el grupo parlamentario socialista, para la delegación de competencias a la comunidad sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz.

El Consejo de Gobierno ha manifestado este martes su criterio favorable a la citada proposición de Ley Orgánica, que está ya registrada en el Parlamento y con la que se pretende dar una solución definitiva para garantizar la participación de Andalucía en la gestión de la cuenca conforme a su peso real, tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) emitida el pasado mes de marzo sobre esta materia.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Mar Moreno, tras apelar al consenso en el Parlamento, ha expresado que la Junta espera pleno respeto al marco constitucional vigente y que la "última palabra política en materia del Guadalquivir la tenga el Congreso de los Diputados, que fue el que aprobó el texto original del Estatuto de Autonomía".

Respecto a los comentarios "minimizando" la importancia de este iniciativa, ha señalado que el Gobierno andaluz respeta profundamente a esos dos millones de andaluces que votaron a favor del Estatuto y que, por lo tanto, avalaron la dimensión andaluza del río Guadalquivir. Ha agregado que más allá del carácter del río Guadalquivir, "estamos hablando del agua, una materia absolutamente fundamental para la actividad económica de Andalucía".

Asimismo, Mar Moreno ha destacado la "diligencia y el rigor técnico" con el que están trabajando el Gobierno central y la Junta para dar una solución al problema que se abrió cuando se pronunció el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Ha querido dejar claro que, en todo momento, en el modelo que está próximo a cerrarse en una próxima reunión de la comisión mixta Estado-Junta, que se desarrollará en la segunda quincena de este mes, el Ejecutivo autonómico ha "acatado, igual que el Gobierno de España, al cien por cien la sentencia del Constitucional".

Ese nuevo modelo, que entrará en vigor en octubre, según ha agregado, es el "fiel reflejo de ese acatamiento". "El modelo que aprobaremos acata y da pleno cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional", según ha señalado.

En cuanto a la iniciativa legislativa autonómica, ha indicado que plantea una delegación de competencias a la Junta de Andalucía, salvaguardando la Constitución o cualquier fragmentación de la gestión y con clara reserva de las competencias estatales.

"Andalucía, con esta iniciativa legislativa autonómica lo que hace es no renunciar a esa naturaleza andaluza del río Guadalquivir, de manera que jurídicamente estamos cumpliendo a rajatabla la sentencia del Constitucional, pero políticamente no renunciamos a lo máximo, que es una fórmula tan constitucional como la del artículo 150 de delegación de competencias", según ha señalado.

La proposición de ley orgánica, que sería remitida al Congreso de los Diputados una vez que el Pleno del Parlamento andaluz la tome en consideración, plantea la habilitación de instrumentos de coordinación entre las administraciones central y autonómica para evitar la fragmentación o compartimentación de la gestión, mientras se atribuye al Estado velar por el respeto de las competencias de las comunidades autónomas que, aunque de forma minoritaria, tienen terrenos incluidos en la cuenca hidrográfica.

Entre las competencias que se propone delegar a la comunidad, destacan las relativas a concesiones de recursos hídricos; administración y gestión del registro de aguas y del censo de vertidos autorizados; policía de aguas y cauces; autorizaciones de vertidos y de uso del dominio público hidráulico; procedimientos sancionadores; sistemas automáticos de información hidrológica; deslindes de cauces, y cesiones de derecho al uso privativo de las aguas (en coordinación con la Administración central).

La proposición no incluye la delegación de las competencias que inciden sobre el régimen jurídico de las aguas, cuyo ejercicio se reserva íntegramente al Estado junto con las correspondientes fórmulas de control adicional constitucionalmente permitidas. De igual modo, se excluyen atribuciones relativas a normativas básicas de protección del medio ambiente, las obras públicas hidráulicas de interés general y la planificación hidrológica de la demarcación.

La Junta de Andalucía gestiona provisionalmente, desde el pasado mes de abril y por un periodo de seis meses, los recursos y aprovechamientos hidráulicos del Guadalquivir que se sitúan dentro de la comunidad. Esta solución transitoria, acordada con la Administración central y concretada en una encomienda a la Consejería de Medio Ambiente, permite asegurar la continuidad y la seguridad jurídica en la gestión de la cuenca, cuyos medios y servicios fueron transferidos a Andalucía en 2008, además de evitar que la sentencia del TC suponga una paralización de los proyectos desarrollados durante los últimos años.