Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón analizarán la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que obliga al Estado a decidir en los próximos meses si autoriza una detracción de caudales del Ebro de hasta 90 hectómetros cúbicos de agua al año a la provincia de Castellón, según ha explicado este martes el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Federico García López, quien ha defendido el Pacto del Agua.

En declaraciones a los medios de comunicación tras comparecer en Comisión en las Cortes de Aragón, Federico García López ha expresado que son únicamente "una interpretación" de la sentencia las declaraciones de la consejera valenciana de Agricultura, Pesca, Ganadería y Agua, Maritina Hernández, quien ha afirmado que esta sentencia significa que "una vez más la Justicia da soporte al principio de solidaridad, de justicia redistribuida, y de recursos que son de todos los españoles".

El consejero aragonés ha manifestado su respeto al alto tribunal, que hay que "tratar en su nivel", tras lo que ha destacado la "profundidad jurídica" de las sentencias del TS. En base al análisis que hagan de la sentencia los servicios jurídicos el Gobierno de Aragón tomará decisiones.

"Nosotros tenemos una línea de defensa del Pacto del Agua y en esa línea seguiremos", ha continuado Federico García López, quien ha considerado que este "no es un tema político, es un tema jurídico y como tal debe aceptarse y alegar lo que se crear oportuno en defensa de los intereses de la Comunidad" aragonesa.

El PP y el PAR defienden el Pacto del Agua de Aragón, firmado en 1992, renovado en la Comisión del Agua de 2006 y reconocido por el Gobierno de España en un anexo de la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN), que recoge la totalidad de las obras. También está contemplado en el Acuerdo para la Gobernabilidad de Aragón, que es la base del Gobierno de la popular Luisa Fernanda Rudi.

El Estatuto de Autonomía de Aragón, reformado en 2007, reconoce a Aragón el derecho a almacenar hasta 6.550 hectómetros cúbicos de agua, una de las claves de este pacto.

Asimismo, el Estatuto permite a la Comunidad Autónoma emitir informes -que no son de obligado cumplimiento_en el caso de que se autorice una detracción de aguas en la cuenca del Ebro si el medio ambiente puede verse dañado.

REACCIÓN DE VALENCIA

La consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández, ha señalado este martes que la sentencia del Tribunal Supremo "da la razón" a la Diputación de Castellón que está "reclamando un trasvase del Ebro a las cuencas de la provincia" y supone que "una vez más la Justicia da soporte al principio de solidaridad, de justicia redistribuida, y de recursos que son de todos los españoles".

Hernández, tras mantener una reunión con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se ha referido así a una sentencia del Tribunal Supremo en la que obliga al Estado a decir en los próximas meses si avala o no un trasvase en Castellón de hasta 90 hectómetros cúbicos anuales.

Al respecto, ha mantenido que con este fallo el Supremo "de alguna forma se está diciendo que una política hídrica se debe sustentar en una verdadera política de carácter nacional que partiendo del principio de solidaridad y redistribución justa permita la llegada de agua a todas las cuencas".

Así, ha destacado que se "refrenda" lo que ha venido siendo la política de la Generalitat valenciana que "siempre ha trabajado con todos los regantes, agricultores y usuarios de todas las cuencas" que no es otra sino la de "favorecer esos trasvases que permitan aportes externos a aquellas cuencas que sean deficitarias".

En ese sentido, ha aclarado que estos trasvases "no suponen una pérdida de competitividad para ninguna comunidad ni cuenca que sea excedentaria", sino que "supone redistribuir adecuadamente un recurso natural, que es de todos los españoles". "No supone quitar para dar, sino optimizar el uso del agua que es excedente en unas cuencas y necesaria en otras", ha apostillado.