La plataforma en defensa del río Castril ha presentado hoy una serie de alegaciones jurídicas ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir destinadas a preservar la paralización de las obras del trasvase del río, tal como ordenó un auto del Tribunal Supremo en febrero.
Este grupo ecologista, que ha contado hoy por primera vez en un acto público con el apoyo de las corporaciones de Castril y Cortes de Baza, los dos municipios granadinos afectados por las obras, ha incidido en la necesidad de eliminar la designación del pantano del Portillo como zona de futura captación de agua para abastecimiento de la comarca dentro de la propuesta de proyecto de plan hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.
De no eliminarse, ello supondría, según ha explicado a Efe Miguel Ortiz, presidente de la plataforma, dar un respaldo jurídico a las obras del trasvase en contra de la sentencia del Tribunal Supremo, que las ha declarado ilegales, por lo que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir podría incurrir en un supuesto "delito de fraude de ley".
Además, la otra alegación presentada hoy pide una figura de protección para la parte baja del río Castril por sus "valores ambientales y culturales", más ricos y variados, en sus especies de flora y fauna, que la parte alta del río que está dentro del Parque Natural de Castril.
El auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ordenó en febrero "la inmediata paralización" de la ejecución de las obras de emergencia para la conducción de abastecimiento a la localidad de Baza desde el embalse del Portillo.
Además, el alto tribunal acordó la paralización de los expedientes de expropiación de las fincas afectadas por las referidas obras, a cuyo fin se dirigió comunicación al Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.