El Gobierno gallego está decidido a explorar todas las medidas a su alcance para intentar reducir el consumo de agua y favorecer un uso más racional. En un contexto en el que la prolongada ausencia de lluvias, tras la primavera más seca y cálida en 50 años, mantiene a la Xunta en alerta ante la posibilidad de que algunos núcleos rurales tengan que afrontar este verano problemas de suministro, el Ejecutivo de Feijoo ha empezado a trabajar en el diseño de un nuevo sistema tarifario, con el propósito de cambiar el actual modelo de cobro por consumo mínimo por otro que obligará a los hogares y empresas a pagar por el agua que realmente utilizan. La apuesta que la Xunta negociará con los alcaldes, a través de la Fegamp, parte de la detección de cuatro problemas fundamentales en la tarifa actual. El que más preocupa es el establecimiento de esos consumos mínimos, que impiden transparentar de cuántos metros cúbicos dispone cada usuario, ya que hasta un umbral determinado el precio es fi jo. Augas de Galicia sostiene que este sistema, además de vulnerar la orientación de la directiva marco de la UE, impide penalizar el despilfarro. Pero el ente público también se propone solventar una situación de ausencia de control sobre la gestión del agua que hacen los concellos. La Xunta quiere que la recaudación municipal en este ámbito se destine en su totalidad a mejoras en la gestión del recurso, de modo que el recibo del agua sea fi nalista.

Las otras dos características de la gestión local que la Administración autonómica quiere corregir son la disparidad de criterios en el tratamiento municipal del agua y la ausencia de políticas comunes. Hay concellos que subvencionan el agua, que directamente no la cobran o que la cobran a un precio inferior a su coste real. La Xunta pretende que el nuevo modelo tarifario acabe con prácticas que no educan a la población en un consumo responsable. Además, propondrá que, al menos los municipios que comparten abastecimiento, implanten un servicio mancomunado para gestionar mejor el recurso. Las empresas concesionarias calculan que una tarifa que grave el agua en función del uso real puede rebajar el consumo entre un 10 y un 15 %.

La estrategia del Gobierno de Feijoo en esta materia sigue la misma línea aplicada al nuevo canon de saneamiento, cuya estructura tarifaria por tramos de consumo combina un término fi jo con otro variable para que paguen más los que más agua gastan, dentro de ese objetivo de incentivar el uso responsable. Negociación con la Fegamp La Xunta esperará a poner en marcha esa nueva tasa de saneamiento, en enero próximo, para abrir con la Fegamp el debate sobre el recibo y acordar un modelo consensuado. En ese sentido, el Ejecutivo del PP cuenta con la baza del relevo que se producirá al frente del organismo municipalista en el otoño, con el acceso de los populares al cargo que ahora ostenta el socialista Carlos Fernández.