El Tribunal Supremo, por medio de Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha emitido un fallo por el que anula el Decreto de 17 de octubre de 2008 del Gobierno central en el que se estipulaban las condiciones del traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad andaluza en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por su territorio. La decisión del Supremo se une a la que meses atrás adoptó el Constitucional, y que anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía relativo a las competencias del río y supone un nuevo varapalo a la Junta en su afán, muy criticado, por controlar la gestión del Guadalquivir.

La Junta de Castilla-La Mancha, la Junta de Extremadura y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos interpusieron en su día un recurso ante el Tribunal Supremo solicitando la anulación del Decreto del traspaso, al margen de la impugnación que el Ejecutivo extremeño defendió contra el artículo 51 del Estatuto, que en la actualidad se encuentra anulado por inconstitucional. Según informaron ayer a ABC fuentes conocedoras de la sentencia del Tribunal Supremo, con este fallo, que atiende los argumentos de Castilla La Mancha, la Junta de Andalucía pierde la potestad sobre las funciones y servicios que se traspasaron desde la Administración del Estado, y teóricamente en dos meses se tendrían que devolver, como es la titularidad de los embalses y edificios de la Antigua Confederación. Igualmente, tendrían que volver a su anterior condición los funcionarios que en los últimos meses han pasado del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino a la Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente.

Según las mismas fuentes, el fallo del Supremo no afecta a la encomienda de gestión que el Gobierno central otorgó al Ejecutivo andaluz durante seis meses mientras se busca una vía jurídica que permita a la Junta mantener el máximo protagonismo en la gestión del Guadalquivir.

De hecho, en la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta del pasado martes se acordó la creación de una comisión de expertos sobre el citado modelo de gestión. La Comisión está integrada por Antonio Embid Irujo, catedrático de Derecho Administrativo del Agua de la Universidad de Zaragoza; Miguel Ángel Losada Rodríguez, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Granada; Pilar Paneque Salgado, profesora titular de Geografía Humana de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y Ángel Rodríguez VergaraDíaz, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga.