Las inundaciones, sequías e incendios forestales son las principales amenazas naturales que pueden convertirse en riesgos de primer orden para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos españoles, según consta en la Estrategia Española de Seguridad aprobada esta semana por el Consejo de Seguridad Nacional y pendiente de recibir el visto bueno del Consejo de Ministros.

El documento destaca que las amenazas y riesgos de origen natural, actualmente "potenciados" por el cambio climático, son uno de los problemas a los que se enfrenta un país mediterráneo como España, unas circunstancias cuyo impacto, según señala el informe, "ya se siente" y que, por lo tanto, "exigen respuestas en el momento presente y plantean, a medio y largo plazo, retos de gran trascendencia".

La Estrategia Española de Seguridad asegura que el país tiene "suficientes medios preventivos y de gestión" para responder adecuadamente, como el Sistema Nacional de Protección Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME), por lo que el perfeccionamiento de la capacidad de respuesta de España requeriría intensificar la cooperación entre las Administraciones Públicas y promover una cultura de prevención entre los ciudadanos.

Además, apunta que es de "especial importancia" la seguridad de las infraestructuras, suministros y servicios críticos. "Es preciso garantizar su funcionamiento y capacidad de resistencia y recuperación ante posibles amenazas", apunta.

Pero el informe también destaca que también hay catástrofes que pueden tener su origen en la actividad humana, como el desastre nuclear de Chernobil, o que pueden ser resultado de la combinación de ambos, como el tsunami en Japón y consiguiente accidente nuclear en la central de Fukushima o la catástrofe del Prestige en España.

Ante esta situación, la Estrategia Española de Seguridad plantea la "implantación de sistemas de alerta y de protección con un enfoque más proactivo basado en la predicción y prevención ha permitido una disminución constante del número de víctimas".

Por otra parte, se destacan otros riesgos que, según el informe, "merecen una atención continuada por parte de las instituciones nacionales y comunitarias", como son los accidentes en los que intervengan sustancias peligrosas u organismos modificados genéticamente, la contaminación de suelos y aguas, el uso insostenible de recursos hídricos o la capacidad de transmisión de agentes patógenos y químicos a través de la atmósfera.

"La responsabilidad de España ante emergencias civiles tiene asimismo una dimensión europea. La llamada cláusula de solidaridad del Tratado de Lisboa obliga a la asistencia mutua de los Estados miembros en el caso de que alguno de ellos sea objeto de una catástrofe -natural o de origen humano- o de un ataque terrorista", recuerda el documento.