Catorce áreas de Castilla y León "bañadas" por el Duero siguen contaminadas por nitratos procedentes de la actividad agrícola y ganadera, pese a las medidas correctoras activadas por la Junta.

El mapa de «zonas vulnerables» que determinó la Consejería de Medio Ambiente el 1 de julio de 2009 no ha variado. Y es que el Código de Buenas Prácticas Agrarias, que desde el 22 de enero de 2010 limita el uso de fertilizantes en el campo y ordena mejoras en las técnicas de abono, no ha dado todavía resultados prácticos.

Así lo pone de manifiesto la última actualización oficial de «aguas afectadas por contaminación o en riesgo de estarlo», detectadas por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, según publicó el Boletín Oficial del Estado el 10 de mayo.

De acuerdo con la directiva europea, los Estados miembros tienen la obligación de «identificar» cada tres años las zonas contaminadas, aunque es competencia de las autonomías la declaración de las mismas como «zonas vulnerables» y la «consiguiente elaboración de los programas de actuación».

El MARM, a través de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), ha vuelto a 'inspeccionar' la Cuenca a partir de los resultados obtenidos en las diferentes redes de control (tanto las gestionadas por la Comunidad como por la Confederación) para determinar focos de contaminación. Y el 'mapa de alertas' coincide con el último publicado por la Junta.

«El 99,5% de las zonas que la Junta desginó el 1 de julio de 2009 por decreto no han cambiado, salvo una pequeña masa de agua en el río Hornija», dice el Comisario de Aguas de la CHD, Ignacio Rodríguez Muñoz.

Así, las áreas más «afectadas» por «contaminación de nitratos procedentes de fuentes agrarias» , según la última revisión de la CHD, continúan localizadas en Valladolid (10 focos) y Segovia (2) y son las "regadas" por el acuífero de los Arenales.

Pero los problemas causados por el uso de nitratos en el campo se transfieren al agua de la Cuenca también en la provincia salmantina (dos focos afectados) y en Zamora (uno).

Casi 70 núcleos de población de Castilla y León viven pendientes de los análisis del agua, sobre todo en verano, cuando su población se multiplica y, en ocasiones, tiene que ser abastecida con camiones cisterna.

Para corregir esta situación, la Consejería de Medio Ambiente aprobó en enero de 2010 el Código de Buenas Prácticas Agrarias, «de obligado cumplimiento en las zonas vulnerables de Castilla y León», y cuyas directrices servirían de «base» para su programa de actuación sobre estas masas de agua contaminada.

En su artículo 14, el código establece que «los titulares de explotaciones agrícolas ubicadas en las zonas vulnerables (...) y que laboren más de 50 hectáreas de suelos cultivables en secano o más de 10 hectáreas de cultivos de regadío, deben disponer del Libro-registro de aplicaciones nitrogenadas a los cultivos (...)». Y añade que a él «podrán acceder los inspectores designados por la Consejería (...) así como los Agentes de la Autoridad, para su comprobación y control».