El profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Almería y vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Abel La Calle, cree que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Andalucía con respecto a la gestión de las aguas del río Guadalquivir que transcurren por territorio andaluz constata "la importancia de la gestión común de las aguas", por lo que apuesta por esta formula para este asunto que refleje "una mayor capacidad de intervención de las comunidades autónomas y el papel del arbitraje del Estado".
En este sentido, La Calle ha explicado en declaraciones a Europa Press que con este conflicto de intereses se evidencia una situación evidente. Por un lado, el Estado "se olvidó en el proyecto de Ley de Aguas de Cristina Narbona de asumir la posibilidad y el desafío de incorporar a las comunidades autónomas en la gestión de este recurso natural de manera más activa, donde existiera una posibilidad real de co-decidir". Por otro lado, apunta que las autonomías, "ante la imposibilidad de decidir, aspiran a hacerlo mediante los nuevos estatutos".
Estas dos fuerzas, según el abogado y profesor en la Universidad de Almería, han derivado en situaciones como la vivida con la gestión del Guadalquivir y que finalmente y de forma transitoria se ha resuelto con una encomienda de gestión firmada entre Gobierno y Junta de Andalucía para los próximos seis meses. "Tenemos que aprender y conciliar la gestión común a través de una fórmula nueva que permita precisamente la comunión de los agentes, autonómico y nacional".
En este sentido, indica que la encomienda de gestión tiene un "valor efímero", por lo que interesa, con modificación de Ley incluida, que la decisión futura integre "lo que todos queremos, una gestión común", afirma.
La Calle, que recientemente ha participado en Sevilla en unas jornadas sobre la participación pública en el proyecto de planificación hidrológica del Guadalquivir, ha indicado que la Constitución establece el papel del árbitro del Estado en el juego de intereses de comunidades, un hecho que "no está nada mal", si bien, hay que buscar "que todos los agentes puedan intervenir en la gestión del agua", sino, según cree, "las sentencias como la dictada por el Alto Tribunal sobre el Guadalquivir se repetirán".

COMITÉ DE AUTORIDADES COMPETENTES

"La solución está en el Comité de Autoridades Competentes, existente ya en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir", asegura en declaraciones a Europa Press. En este sentido, indica que "hay que cambiar su configuración y dotarlo de poder real para la toma de decisiones y que nadie --en referencia a las distintas comunidades integradas en la cuenca del Guadalquivir-- se vea discriminado".
Al hilo de esto, añade que hay que cambiar la ley actual para ofrecer "una mayor capacidad de intervención de las comunidades autónomas y reforzar el papel de arbitraje del Estado".