Medio Ambiente decide incoar un expediente sancionador por el vertido al río Nora
Mié, 04/05/2011
La Consejería de Medio Ambiente del Principado ha abierto un expediente sancionador por el vertido del pasado sábado al río Nora, en la parroquia de Granda, y que afectó a un tramo de 4.900 metros de cauce fluvial y provocó la muerte de un millar de truchas. Por su parte, la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha decidido recurrir a la Fiscalía de Medio Ambiente por considerar que se produjo una negligencia por parte de la empresa CAPSA.
La empresa, a su vez, señaló en un comunicado su sorpresa por el vertido: «Las primeras evidencias las hemos conocido por terceras personas, toda vez que la gestión de la depuradora es plena responsabilidad de la empresa Aqualia». A dicha firma le ha encargado «un completo informe sobre las causas del accidente y sobre sus responsabilidades en el mismo».
Sobre el expediente regional, se tramita al amparo de las disposiciones de la Ley 6/2000 de Pesca, «que prevé depurar las responsabilidades en las que se incurre cuando se daña la riqueza que suponen los cauces fluviales». La consejería tuvo conocimiento del vertido tras un aviso e inmediatamente se personó en el lugar personal de las guarderías de la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje y de la Dirección General de Aguas y Calidad Ambiental, respectivamente, junto con el servicio de vigilancia de la Confederación Hidrográfica y del Seprona de la Guardia Civil.
Se realizaron varias inspecciones a lo largo de dos jornadas «en las que se comprobó el tipo de sustancia vertida, de aspecto lechoso y elevada viscosidad, y las afecciones al cauce fluvial». También se recogieron muestras del agua en las zonas anterior y posterior al lugar de aparente vertido, así como de las truchas muertas, para analizarlas en el laboratorio. Por último, se tomaron muestras de la salida del canal subterráneo por el que parecía haber fluido la materia contaminante, así como de diversas instalaciones en la depuradora de la fábrica de CAPSA a la que está unido el canal.
Por su parte, los ecologistas han decidido recurrir al fiscal, pues aseguran que el vertido se produjo como consecuencia de la rotura de un depósito de floculante, que estaban manejando en la depuradora de la empresa CAPSA. El responsable, según denuncian, habría sido un operario de la empresa Aqualia, encargada del mantenimiento de la depuradora.
La empresa, a su vez, señaló en un comunicado su sorpresa por el vertido: «Las primeras evidencias las hemos conocido por terceras personas, toda vez que la gestión de la depuradora es plena responsabilidad de la empresa Aqualia». A dicha firma le ha encargado «un completo informe sobre las causas del accidente y sobre sus responsabilidades en el mismo».
Sobre el expediente regional, se tramita al amparo de las disposiciones de la Ley 6/2000 de Pesca, «que prevé depurar las responsabilidades en las que se incurre cuando se daña la riqueza que suponen los cauces fluviales». La consejería tuvo conocimiento del vertido tras un aviso e inmediatamente se personó en el lugar personal de las guarderías de la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje y de la Dirección General de Aguas y Calidad Ambiental, respectivamente, junto con el servicio de vigilancia de la Confederación Hidrográfica y del Seprona de la Guardia Civil.
Se realizaron varias inspecciones a lo largo de dos jornadas «en las que se comprobó el tipo de sustancia vertida, de aspecto lechoso y elevada viscosidad, y las afecciones al cauce fluvial». También se recogieron muestras del agua en las zonas anterior y posterior al lugar de aparente vertido, así como de las truchas muertas, para analizarlas en el laboratorio. Por último, se tomaron muestras de la salida del canal subterráneo por el que parecía haber fluido la materia contaminante, así como de diversas instalaciones en la depuradora de la fábrica de CAPSA a la que está unido el canal.
Por su parte, los ecologistas han decidido recurrir al fiscal, pues aseguran que el vertido se produjo como consecuencia de la rotura de un depósito de floculante, que estaban manejando en la depuradora de la empresa CAPSA. El responsable, según denuncian, habría sido un operario de la empresa Aqualia, encargada del mantenimiento de la depuradora.