Según Edgardo Condeza, del Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos, está previsto acudir a instancias internacionales y no se descarta una acusación constitucional para impedir que el Estado se deshaga de su participación accionaria en las principales empresas sanitarias.
Ese paso conduciría a la privatización de Aguas Andinas (Región Metropolitana); Esval (Valparaíso), Essbío (Bío Bío) y Essal (Los Lagos), responsables de la distribución de agua potable y de tareas de saneamiento y descontaminación.
Los consumidores temen el aumento excesivo en los precios de las tarifas, además de otras irregularidades entre las que se sitúan los llamados cobros indebidos y los cortes del suministro sin las compensaciones requeridas.
Esta semana además la Cámara de Diputados dedicó una sesión especial a la grave situación hídrica que presenta la provincia de Petorca, perteneciente a la central región de Valparaíso, por el uso ilegal del agua de los ríos Ligua y Petorca.
El diputado independiente René Alinco dijo que Chile es el único país del mundo que mantiene sus aguas privatizadas.
Comentó en ese sentido que en la Ligua y Petorca, empresarios inescrupulosos han construido canales de drenajes de forma impropia y nadie fiscaliza eso.
Al respecto, el diputado comunista Lautaro Carmona expresó que el Estado neoliberal ha entregado a los privados un bien nacional como el agua y de lo que se trata es de recuperar ese recurso público.
Desde hace mucho tiempo el agua pasó a ser en Chile un bien que se transa en el mercado, un bien con el cual se especula, dejando de ser un derecho humano esencial para la vida y esa situación la avala nuestra legislación, subrayó la parlamentaria del Partido por la Democracia Adriana Muñoz.
Políticos de la oposición sostienen que al paso que van las cosas en el país "sólo quedaría por vender el archipiélago Juan Fernández".