La construcción de presas y embalses se lleva a cabo siguiendo estrictas medidas para garantizar la seguridad de estas infraestructuras hidráulicas, incluida la prevención contra efectos de eventuales seísmos, según coincidieron ayer en señalar especialistas consultados por este periódico. El pasado sábado, una balsa de La Palma sufrió una rotura atribuible, en principio, a un seísmo ocurrido a 114 kilómetros al noreste de la isla. José Luis Guerra, gerente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, y Luis Fernando Martín Rodríguez, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de la provincia, subrayaron las "grandes condiciones en materia de seguridad" de estas infraestructuras. "El coeficiente de seísmo es un parámetro que se tiene en cuenta desde hace muchos años", según explicó Guerra. Otros como el cálculo del agua dentro y fuera del perímetro y las consecuencias en las estructuras de un posible temblor también se contemplan. "La normativa sísmica en España es de los años 50 del siglo pasado y afecta no sólo a las obras públicas como esta. Son de aplicación a todo tipo de edificaciones, incluidas las viviendas", según el gerente del Consejo Insular. De hecho, buena parte de las casi 70 grandes presas que hay en Gran Canaria fueron construidas con arreglo a esa estricta normativa. "Los reglamentos para construir estas obras contemplan numerosos requerimientos de seguridad, sobre todo para las grandes presas. Muchas vienen ya traspuestas de la normativa de la Unión Europea", según Luis Fernando Martín Rodríguez, también profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La construcción de este tipo de obra hidráulica también dispone de un reglamento específico de seguridad, múltiples recomendaciones y una actualización legislativa constante. "Pero no sólo para construirlas sino también para ponerlas en funcionamiento e, incluso, para dejarlas fuera de servicio". Con todo, José Luis Guerra reconoció que el plan de conservación para controlar el mantenimiento de estas infraestructuras es una cuestión pendiente. "Sería para las presas de propiedad privada lo que la ITV para los coches. Una especie de ficha de control de cada una pero no tanto para verificar problemas de rotura, que ya se hace, sino sobre todo por su uso".

Los expertos aseguran que la legislación es estricta en cuanto a la construcción de estas infraestructuras, aunque es preciso controlar y verificar su mantenimiento