Los agricultores agrupados en la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecoreva) exigió ayer al Gobierno central que cree una autoridad nacional sobre el agua que sea capaz de dirimir los litigios en materia de legislación y derechos entre comunidades autónomas.

La cita se produjo en la sede del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, uno de los más antiguos de la autonomía, y contó con el respaldo de la Generalitat, ya que el vicepresidente del Consell, Juan Cotino, estuvo presente en la reunión anual de este organismo, «como muestra inequívoca del apoyo a los agricultores», según el propio conseller de Agua y Medio Ambiente.

El responsable valenciano explicitó que el gobierno de Francisco Camps aboga por la creación de ese ente que «sea capaz de igualar el derecho al agua en cantidad y calidad suficiente para todos los españoles».

Cotino indicó que con esa petición «simplemente continuamos defendiendo los intereses de la Comunidad como siempre hemos hecho» y recordó que pedir esa Autoridad Nacional sobre el Agua se hace «frente a la actitud de los socialistas manchegos y de los valencianos que estando en los pueblos dicen una cosa, pero cuando hay que votar en el Parlamento hacen justo lo contrario», una circunstancia que a juicio de Cotino, «perjudica notablemente a Alicante y también aValencia, pero desde el Consell defendemos que llegue el agua a nuestras tierras porque el agua es el futuro», reiteró como en otras ocasiones precedentes Cotino.

El conseller destacó que desde el gobierno valenciano siguen con la defensa de que el agua es necesaria y es de todos «porque en España existe agua suficiente para todos en diferentes cuencas» y pidió la aplicación de la justicia distributiva, porque «lo único que hay que hacer es trasvasar el agua de las excedentarias a las cuencas deficitarias».

En el transcurso de la junta anual de Ferecova el vicepresidente explicó a los regantes las distintas medidas que desde el gobierno valenciano se llevan a cabo «para que el objetivo de que todos tengamos agua sea realidad», y esbozó que esa petición de agua para las tres provincias la hace extensiva a Aragón, Cataluña o para Castilla La Mancha «porque llevamos mucho tiempo defendiendo el agua para nuestro territorio porque la necesita y no vamos a renunciar a nada y no pedimos nada que no nos corresponda», aseguró.

La reunión validó un documento que los regantes y el conseller bautizaron como «la declaración de Orihuela», consensuado por todas las comunidades de regantes de la Comunidad y al que se suma la Generalitat, que recoge también la necesidad de que la gestión hídrica «se rija por el principio de solidaridad, conforme a la Constitución».

Además el colectivo de regantes solicita a Las Cortes que la Ley de Agua de Castilla-La Mancha, en la que se fija una reserva de 4.000 hectómetros para esta autonomía, no sea aprobada por esta Cámara por ser inconstitucional, ya que significaría «secar a la Comunidad Valenciana y dejarla sin futuro alguno, al suponer de hecho la derogación del Trasvase Tajo-Segura, del Júcar-Vinalopó o del Júcar-Túria-Sagunto. El conseller de Agua, Juan Cotino, se dirige al Juzgado Privativo, tras asistir a una misa y visitar el Museo de Arte Sacro.