El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, planteará hoy a los grupos parlamentarios los distintos márgenes evaluados por el Ejecutivo regional para lograr «protagonismo» sobre la gestión del Duero tras la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se anula el artículo 75.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León en el que se plantea que la Comunidad Autónoma asuma las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos de la cuenca.

En concreto, según el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, existe margen posible sin barajar la reforma del Estatuto de Autonomía.

El consejero apunta como fórmulas para asumir la gestión la transferencia de la competencia o la delegación de la misma a través de la aprobación de leyes orgánicas, además de la opción de llevar a cabo una encomienda de gestión o la modificación de la Ley estatal de Aguas.

afirma De Santiago-Juárez que a la reunión, que tendrá lugar el lunes a las 11.00 horas en las Cortes de Castilla y León, la Junta asiste con «el mejor de los deseos» y ha defendido que Herrera ha hecho «lo que tenía que hacer» al convocar a los grupos parlamentarios.

«Tenemos margen, queremos y debemos tener protagonismo en la decisiones sobre el Duero, tenemos voluntad de gestionarlo», señala De Santiago-Juárez y añade que el Gobierno regional tiene interés en los usos del agua portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Redondo, afirma que los representantes socialistas en las Cortes asisten a la reunión convocada por el presidente con «afán constructivo», aunque ha lamentado que la Junta ha reaccionado de forma «lenta y tardía».

Redondo anuncia que en el encuentro que se celebrará el lunes la acompañarán el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Pedro José Muñoz, el procurador socialista Óscar Sánchez, aunque no estará presente el secretario autonómico del PSOE y candidato a la presidencia de la Junta, Óscar López, ya que «fue el que dio el primer paso» y solicitó una reunión urgente el mismo día que se conoció la sentencia con lo que demostró su «agilidad» y voluntad de «consenso».

Para Redondo la sentencia del TC deja «poco margen de maniobra», ya que se ha «estrechado» la posibilidad de gestión, aunque ha avanzado su intención de «buscar soluciones».

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Fernández Carriedo, incide en que desde Castilla y León «nunca» se ha aspirado al «blindaje» de las aguas, sino que la intención es que la Comunidad cobre «protagonismo» en la cuenca por el «interés ciudadano» que, como ha señalado, fue lo que inspiró la reforma del Estatuto de Autonomía. Carriedo insiste en la necesidad de que haya un «trato de igualdad» con Andalucía.

El portavoz del Grupo Mixto, Joaquín Otero, considera que la sentencia d no deja «mucho» margen de actuación a la Comunidad , aunque ha abogado por escuchar la información que trasmita el presidente de la Junta de Castilla y León.