Gobierno y Andalucía pactan una gestión transitoria del Guadalquivir
Mar, 22/03/2011
Los gobiernos central y andaluz se reunirán la próxima semana (posiblemente el miércoles) en el seno de la comisión bilateral y acordarán una fórmula transitoria para que el Estado encomiende la gestión del Guadalquivir a la Junta hasta que se pacte una normativa definitiva en esta materia. Así lo explicó ayer el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, tras reunirse con el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, para analizar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que, tras un recurso presentado por Extremadura, ha anulado el artículo 51 del Estatuto andaluz que otorgaba a la comunidad la competencia exclusiva sobre las aguas del Guadalquivir. El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, preguntado sobre el asunto señaló, sin saber aún el acuerdo salido de esa reunión, que ese fallo judicial debe servir para "iniciar un nuevo tiempo de colaboración y cooperación en la gestión del agua entre el Gobierno y las comunidades autónomas", lo cual se puede llevar a efecto mediante la fórmula de convenios.
Lo cierto es que la próxima semana, Gobierno central y andaluz acordarán un nuevo real decreto que de forma transitoria sustituya al anterior y que encomiende la gestión del río a la Junta, a fin, según Griñán, de "garantizar la seguridad jurídica hasta que se acuerde la normativa que definitivamente vaya a gobernar la gestión del Guadalquivir a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional". También se respetarán algunos principios que ya estaban previstos en el artículo anulado, como la planificación general del ciclo hidrológico, las normas básicas sobre la protección del medio ambiente y las obras hidráulicas de interés general.
De todos modos, Griñán dejó claro que, sea cual sea el acuerdo, ambas administraciones quieren garantizar el principio de unidad de cuenca y la participación de las comunidades autónomas por las que también discurre el Guadalquivir. Además, explicó que el trabajo a dos bandas se hará "respetando la sentencia, respetando las competencias del Estado, de las comunidades autónomas sobre las que también discurre el Guadalquivir y respetando la capacidad de gestión de la Junta de Andalucía sobre sus recursos".
CUENCA DEL DUERO
Por otro lado, en relación a la gestión de la cuenca del Duero, ayer se conoció el contenido de la sentencia del TC avanzado la pasada semana, que apela al criterio de unidad de cuenca para justificar la anulación del artículo 75 de Estatuto de Castilla y León, ya que considera que el texto asume competencias estatales y fragmenta la gestión de una cuenca que pasa por varias regiones.
Lo cierto es que la próxima semana, Gobierno central y andaluz acordarán un nuevo real decreto que de forma transitoria sustituya al anterior y que encomiende la gestión del río a la Junta, a fin, según Griñán, de "garantizar la seguridad jurídica hasta que se acuerde la normativa que definitivamente vaya a gobernar la gestión del Guadalquivir a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional". También se respetarán algunos principios que ya estaban previstos en el artículo anulado, como la planificación general del ciclo hidrológico, las normas básicas sobre la protección del medio ambiente y las obras hidráulicas de interés general.
De todos modos, Griñán dejó claro que, sea cual sea el acuerdo, ambas administraciones quieren garantizar el principio de unidad de cuenca y la participación de las comunidades autónomas por las que también discurre el Guadalquivir. Además, explicó que el trabajo a dos bandas se hará "respetando la sentencia, respetando las competencias del Estado, de las comunidades autónomas sobre las que también discurre el Guadalquivir y respetando la capacidad de gestión de la Junta de Andalucía sobre sus recursos".
CUENCA DEL DUERO
Por otro lado, en relación a la gestión de la cuenca del Duero, ayer se conoció el contenido de la sentencia del TC avanzado la pasada semana, que apela al criterio de unidad de cuenca para justificar la anulación del artículo 75 de Estatuto de Castilla y León, ya que considera que el texto asume competencias estatales y fragmenta la gestión de una cuenca que pasa por varias regiones.