El Supremo ordena parar las obras del trasvase del Castril
Mar, 22/02/2011
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dado la razón a los contrarios al trasvase del río Castril. En un escrito emitido el pasado 4 de febrero y al que ha tenido acceso ELMUNDO.es de Andalucía, el Alto Tribunal ha ordenado que se paralicen de manera inmediata tanto las obras de recanalización que aún se desarrollan en los municipios de Cortes de Baza y Castril como las expropiaciones de los terrenos, ratificando que el trasvase si que estaba afectado por la nulidad del 'decreto de la sequía' declarada por la misma Sala hace ya un año.
La disputa judicial por el «trasvase» del Castril, cuyo objetivo era llevar agua para consumo humano desde el pantano de El Portillo hasta la comarca de Baza, dista de sus mismos inicios como proyecto, allá por 2005. Entonces, el Gobierno emitió el Real Decreto 1419/2005, que incluía diversas obras «de emergencia» en todo el país. En febrero del año pasado, el Supremo declaró nulo el texto, lo que se traducía en que todas las fórmulas legales derivadas del mismo «dejaban de existir» en cascada.
Esto incluía la Orden Ministerial de 2006 que desarrollaba el proyecto del Castril, así como las expropiaciones, permisos de obras o licitaciones. La Plataforma en Defensa del Río Castril pidió entonces la paralización de los trabajos, pero la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la Subdelegación del Gobierno en Granada y los Ayuntamientos favorables al trasvase -Castril, Baza, Zújar, Freila- argumentaron que la nulidad > bunal Supremo declara nulo el Real Decreto 1419/2005, llamado «de la sequía», y por extensión todas las fórmulas legales derivadas de él. La Confederación del Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) argumenta que no afecta al trasvase del Castril por no estar incluido en el anexo del decreto. > premo da la razón a la Plataforma del Castril, el trasvase sí está afectado por la nulidad, ya que lo regula una Orden Ministerial derivada del Decreto, y la CHG debe detener por lo tanto las obras, que son ilegales. no afectaba a la obra.
Comenzaron entonces una serie de recursos encadenados, con el Ayuntamiento de Cortes de Baza consiguiendo paralizaciones parciales al argumentar que las obras se realizaban sin pedirle permiso, ya que desde el momento en que el decreto fue nulo, no concurría la «emergencia» que permitía saltarse trámites. En ese momento, a la obra le restaban apenas 15 kilómetros, los que cruzaban dicho municipio, y otros 500 metros en la toma de agua en el nacimiento, ya dentro de Castril.
Al final, ha sido la Plataforma en Defensa del Castril, al personarse en la causa junto a los industriales catalanes que consiguieron la primera nulidad para una obra parecida en la cuenca del Ebro, la que ha conseguido que el Tribunal Supremo ratifique lo que venía denunciando desde hace un año: que la nulidad del Real Decreto si afecta al trasvase dado que la CHG lo utilizó como escudo para justificar la emergencia de las obras y saltarse pasos legales, además de que la Orden ministerial de 2006 que lo desarrollaba se apoyaba completamente el texto superior.
La disputa parece, pues, a punto de finalizar, cuando quedaban aún por resolver otros aspectos dudosos de la tramitación. Por ejemplo, el hecho de que la CHG no incluyó en la ficha medioambiental que el entubamiento afectaría a las riberas del río, protegidas, y pudo falsear en el trazado de las obras. La 'patata caliente' se encontraba en manos de la Agencia Andaluza del Agua (AAA) que debía decidir si se aprobaba o no dicha invasión. Informes del Seprona ya habían señalado que las últimas obras en Cortes habían dañado especies protegidas.
También el hecho de la toma de agua incluiría invadir el nacimiento del Castril, protegido como monumento natural, y el Conjunto Histórico del municipio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Eran esos últimos 500 metros, donde ya está denunciada una central hidroeléctrica de la AAA, los más espinosos de todo el trazado, ya tanto Cultura como el Ayuntamiento de Castril -favorable a la obra- podían enfrentarse a una acusación de delito contra el Patrimonio si aprobaban la invasión.
Un camión escoltado por la Guardia Civil transporta tuberías destinadas a las obras del trasvase.
La disputa judicial por el «trasvase» del Castril, cuyo objetivo era llevar agua para consumo humano desde el pantano de El Portillo hasta la comarca de Baza, dista de sus mismos inicios como proyecto, allá por 2005. Entonces, el Gobierno emitió el Real Decreto 1419/2005, que incluía diversas obras «de emergencia» en todo el país. En febrero del año pasado, el Supremo declaró nulo el texto, lo que se traducía en que todas las fórmulas legales derivadas del mismo «dejaban de existir» en cascada.
Esto incluía la Orden Ministerial de 2006 que desarrollaba el proyecto del Castril, así como las expropiaciones, permisos de obras o licitaciones. La Plataforma en Defensa del Río Castril pidió entonces la paralización de los trabajos, pero la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la Subdelegación del Gobierno en Granada y los Ayuntamientos favorables al trasvase -Castril, Baza, Zújar, Freila- argumentaron que la nulidad > bunal Supremo declara nulo el Real Decreto 1419/2005, llamado «de la sequía», y por extensión todas las fórmulas legales derivadas de él. La Confederación del Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) argumenta que no afecta al trasvase del Castril por no estar incluido en el anexo del decreto. > premo da la razón a la Plataforma del Castril, el trasvase sí está afectado por la nulidad, ya que lo regula una Orden Ministerial derivada del Decreto, y la CHG debe detener por lo tanto las obras, que son ilegales. no afectaba a la obra.
Comenzaron entonces una serie de recursos encadenados, con el Ayuntamiento de Cortes de Baza consiguiendo paralizaciones parciales al argumentar que las obras se realizaban sin pedirle permiso, ya que desde el momento en que el decreto fue nulo, no concurría la «emergencia» que permitía saltarse trámites. En ese momento, a la obra le restaban apenas 15 kilómetros, los que cruzaban dicho municipio, y otros 500 metros en la toma de agua en el nacimiento, ya dentro de Castril.
Al final, ha sido la Plataforma en Defensa del Castril, al personarse en la causa junto a los industriales catalanes que consiguieron la primera nulidad para una obra parecida en la cuenca del Ebro, la que ha conseguido que el Tribunal Supremo ratifique lo que venía denunciando desde hace un año: que la nulidad del Real Decreto si afecta al trasvase dado que la CHG lo utilizó como escudo para justificar la emergencia de las obras y saltarse pasos legales, además de que la Orden ministerial de 2006 que lo desarrollaba se apoyaba completamente el texto superior.
La disputa parece, pues, a punto de finalizar, cuando quedaban aún por resolver otros aspectos dudosos de la tramitación. Por ejemplo, el hecho de que la CHG no incluyó en la ficha medioambiental que el entubamiento afectaría a las riberas del río, protegidas, y pudo falsear en el trazado de las obras. La 'patata caliente' se encontraba en manos de la Agencia Andaluza del Agua (AAA) que debía decidir si se aprobaba o no dicha invasión. Informes del Seprona ya habían señalado que las últimas obras en Cortes habían dañado especies protegidas.
También el hecho de la toma de agua incluiría invadir el nacimiento del Castril, protegido como monumento natural, y el Conjunto Histórico del municipio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Eran esos últimos 500 metros, donde ya está denunciada una central hidroeléctrica de la AAA, los más espinosos de todo el trazado, ya tanto Cultura como el Ayuntamiento de Castril -favorable a la obra- podían enfrentarse a una acusación de delito contra el Patrimonio si aprobaban la invasión.
Un camión escoltado por la Guardia Civil transporta tuberías destinadas a las obras del trasvase.