El Ayuntamiento de Bellús no podrá cobrar al Ministerio de Medio Ambiente el Impuesto de Bienes Inmuebles por tener en su término municipal una presa para la laminación de avenidas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso interpuesto por el ayuntamiento valenciano contra una resolución de la Dirección General del Agua por la que se desestimaba la pretensión del municipio de que se le abonara el IBI del año 2003 al 2006, ambos inclusive.

El TSJ de Madrid entiende que el embalse de Bellús presta un servicio público de agua como es «la laminación de avenidas» y que se trata de un servicio «gratuito». De ahí que, al igual que se especifica en la resolución de la Dirección General del Agua, al prestar tanto la presa y como el vaso del embalse un servicio público y gratuito, «los mismos no están sujetos al IBI», de acuerdo con la Ley de Haciendas Locales, señala la sentencia del tribunal madrileño.

En su recurso, el Ayuntamiento de Bellús pretendía que su caso se asemejara a los de los ayuntamientos de la cuenca del Júcar a los que el Ministerio de Medio Ambiente les ha reconocido los importes del IBI de sus presas desde el año 2003 hasta el año 2006. La sala entiende que los supuestos hechos analizados «no son idénticos» a la presa Tous. En este sentido, recuerdan los magistrados que forman la sección novena de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ de Madrid que se trata de supuestos que «no son comparables» dado que en el supuesto de los embalses de la cuenca del Júcar sus aprovechamientos «no son gratuitos», al tener una concesión administrativa de aprovechamiento hidroeléctrico, al contrario de lo que sucede en el caso del embalse de Bellús. Concesiones de agua Otro de los puntos en los que el consistorio de la Vall d'Albaida apoyaba su recurso era la existenEl ministerio no pagará IBI por la presa de Bellús. cia de dos concesiones de agua a favor de dos comunidades de regantes, pero éstas se producen aguas abajo de la presa de Bellús, en la margen izquierda del río Albaida y, por tanto, no queda acreditado que la presa tenga un aprovechamiento distinto al público y gratuito, señala el fallo.

El gobierno de Bellús ha recibido el fallo judicial con «tristeza» y «cierta resignación», ha explicado su alcalde, Josep-Vicent García, que observa desesperanzado cómo se le ha escapado de las manos «un seguro de vida para el ayuntamiento. El IBI de la presa nos hubiera permitido mejorar la vida del pueblo y garantizar servicios a los ciudadanos que ahora no podemos prestar», ha lamentado García. El alcalde ha señalado que los servicios jurídicos del ayuntamiento están estudiando si recurren o no el fallo del TSJ ante el Supremo: «Si seguimos adelante y no ganamos, el ayuntamiento puede verse en un grave problema porque las costas son cuantiosas. Lo vamos a estudiar con detenimiento», avanza.