No más aprovechamientos hidroeléctricos en Galicia. Los ríos ya están sobreexplotados. Con esta declaración de principios, el Parlamento gallego alcanzó ayer un acuerdo por unanimidad por el que quiere poner freno a la construcción de nuevos embalses destinados a la producción eléctrica en la comunidad autónoma. Para ello,la Cámara requiere a la Xunta que no autorice ya nuevos aprovechamientos, que desestime definitivamente los 33 suspendidos por el bipartito -que no obstante figuran en el borrador del Plan Hidrolóxico GaliciaCosta que elabora Medio Ambiente- y que avance con el proceso de negociación con las compañías hidroeléctricas que tienen concesiones otorgadas,pero aún no iniciaron las obras,para que desistan de su empeño.

Lo único que se podrá hacer, según el acuerdo alcanzado por los tres grupos parlamentarios, es permitir la repotenciación de los saltos eléctricos en funcionamiento, es decir, autorizar la instalación de nuevas turbinas y otras instalaciones que incrementen la capacidad de generación eléctrica, pero siempre que no se altere el caudal ecológicos y se mantenga el mismo vaso. Por si acaso, también se deja claro que no se podrá autorizar ninguna presa que se proponga como plan industrial del concurso eólico.

Pero como las competencias hidráulicas en Galicia están repartidas entre la Xunta y el Gobierno central, el Parlamento demanda también que las mismas restricciones sean de obligado cumplimiento en el área que gestiona la Administración del Estado -las cuencas y todos los afluentes de los ríos Miño,Sil y Eo-,aunque para ello la Xunta solo se pueda dirigir el Ejecutivo de Madrid y presentarle una petición, amparada en este caso por la conveniencia de toda la comunidad se gestione bajo una política hidráulica homogénea y un único modelo y como paso previo a la reclamación de las competencias exclusivas en toda la red fluvial de Galicia.

La iniciativa fue impulsada por el PSOE, pero al final logró el apoyo de todo el arco parlamentario porque los socialistas permitieron que el BNG y el PP introdujeran algunos cambios. La aportación de los populares fue extender a la cuenca del Miño-Sil, que gestiona el Estado, las mismas restricciones que se reclaman para la otra mitad de Galicia y que son competencia de la Xunta.

El acuerdo reza literalmente que se declaran los ríos gallegos libres de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos,excepto las repotenciaciones,y reconoce la "sobreexplotación"de los cauces fluviales.

En el debate de la iniciativa parlamentaria, las portavoces de los grupos de la oposición, Carmen Gallego (PSOE) e Isabel Montenegro (BNG), criticaron la intención del actual Gobierno gallego de conceder 33 nuevas centrales hidráulicas y demandaron que se impidan nuevas instalaciones en los cauces fluviales de la comunidad.

Con este extremo concordó el representante del PP en el debate, Daniel Varela, quien apeló al "espíritu constructivo" para buscar un acuerdo"unánime".

Tras agradecer su "tono", Carmen Gallego dio la "bienvenida" al PP en la defensa de los ríos gallegos. No obstante, lamentó que el acuerdo no hubiese llegado "antes" porque quizás se hubiera impedido la ubicación de una nueva central en el río Landro (Lugo).

Por otra parte, los diputados Román Rodríguez (PPdeG) e Ismael Rego (PSdeG) fueron elegidos para llevar al Congreso la proposición para modificar la Ley de Costas y legalizar núcleos rurales tradicionales asentados en el litoral. El BNG no irá por estar "en contra" de los términos en los que se propone el cambio.