Los agricultores de la provincia de Alicante cuyas explotaciones dependen del agua del trasvase Tajo-Segura dejaron en barbecho en los últimos 5 años (2005-2010) el 66% de la superficie de regadío al carecer de caudal de calidad. Los regantes arrancaron 500.000 árboles frutales y, ahora mismo, dudan de que puedan mantener en explotación las 10.000 hectáreas en producción. Los datos forman parte del informe que la Federación Provincial de Comunidades de Regantes trasladará esta semana a la ministra de Medio Rural, Rosa Aguilar, para reclamar que pare los pies al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, en sus intentos de cerrar la transferencia. La reacción se produce tras los dos últimos pasos adelante dados en contra del trasvase. El primero desde la Confederación Hidrográfica del Tajo, al aprobar un aumento del 40% en el caudal ecológico del río en Aranjuez, que recortará, según agricultores y Generalitat, en 350 hm las reservas para enviar a Alicante y Murcia, y el segundo por el propio Barreda, que quiere que el Tajo pueda ser utilizado de forma recreativa en Toledo como sucedía cuando el presidente castellano-manchego era un niño y se bañaba en sus aguas. En este sentido, Ángel Urbina, portavoz de la Federación Provincial de Comunidades de Regantes y de Riegos de Levante, acusó ayer a Barreda de practicar «terrorismo de Estado hídrico, no ya solo por sus acciones contra el trasvase, sino porque está generando una gran incertidumbre entre los agricultores y las empresas que se piensan ahora mismo sus inversiones en la provincia, precisamente porque no hay garantías de agua». Urbina recordó que «hemos modernizado todas nuestros regadíos para ser lo más efectivos posibles en el uso del agua y ahora nos encontramos con que no nos quieren dar ni una gota». La ley del trasvase Tajo-Segura establece que los agricultores y ayuntamientos alicantinos que reciben agua del Tajo pagan 15 millones al año a Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid. La eliminación de los aportes de agua del río Tajo a la provincia significaría la ruina para el 62,18% de la agricultura de regadío, que da a empleo a 51.325 trabajadores de Alicante. El incumplimiento de las expectativas de caudales llegados a la provincia a través del trasvase desde su puesta en marcha supuso la pérdida de 17.325 hectáreas entre 1998 y 2006, al no contar con agua suficiente y de calidad. Cifra a la que hay que sumar ahora las 20.000 hectáreas que la comunidad de Riegos de Levante tiene en barbecho, el 66% del total de la tierra de cultivo que depende del caudal del Tajo, según datos aportados por Ángel Urbina.El agua del Tajo es clave para garantizar el futuro social y económico de Alicante. Cualquier recorte en el plan de cuenca comprometería el abastecimiento de 1.576.000 personas, la continuidad de 110.000 empresas y 636.000 empleos que general un PIB de 74.800 millones de euros, según datos de la Universidad de Alicante y la patronal Coepa. La propia Confederación del Segura sostiene que las desaladoras son un gran complemento pero no pueden sustituir por sí solas al trasvase.