Los consumidores pagan 5.700 de los 8.700 millones de euros que cuesta llevar el agua de los ríos o acuíferos a sus casas y campos, según estima el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Para dicha institución, los 3.000 millones que se dejan de pagar serían esenciales para asegurar el mantenimiento de las infraestructuras que prestan el servicio .

Más del 50% de la población no sabe cuánto paga al mes por el agua. Y es normal, ya que la inmensa mayoría cree que es barata (la de grifo cuesta 500 veces más que la embotellada). Estos datos, obtenidos en una reciente encuesta, corroboran una de las conclusiones más llamativas del informe Situación del agua en España, que el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puentes presentará mañana en el marco de unas jornadas de debate sobre la gestión del recurso hídrico en el país.

El documento señala, en base a estimaciones a partir de datos del MARM, el INE y otros organismos, que el coste de hacer que los grifos y mangueras funcionen durante todo un año asciende a 8.700 millones de euros. A esta cifra habría que añadir otros 4.100 millones derivados de costes no imputables (prevención de inundaciones, mantenimiento de cauces, etcétera) para conocer el esfuerzo total. Las Administraciones subvencionan hasta un 32% de los servicios prestados a los usuarios, por lo que éstos dejan de pagar 3.000 millones. De ahí que la tarifa media del agua en España (por un céntimo de euro tenemos siete litros) sea inferior a la mitad de la del resto de Europa. "El agua tendría que valer lo que cuesta. Si eso no sucede, se tiene que financiar con los impuestos de todos los ciudadanos", indica Roque Gistau, presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) y uno de los autores del informe. "Lo de "el agua es gratis, que la pagan otros" ya se ha acabado", asevera. "Para garantizar suministros, reservar recursos para los tiempos de escasez y luchar contra la contaminación no se pueden detener las inversiones", señala Adrián Baltanás, director general de la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (Asagua). "Se debería mejorar en abastecimiento y, sobre todo, en saneamiento", apunta Gistau. Cumplir los objetivos del Plan Nacional de Calidad de Aguas requeriría de 19.000 millones, una cifra muy alejada de los niveles actuales de recaudación. Los 3.000 millones que se podrían ingresar subiendo el precio del recurso ayudarían, pero no serían suficientes para afrontar todos los retos del sistema. "La participación del capital privado es fundamental para ello", destaca Baltanás. El informe del Colegio de Ingenieros destaca como una de las grandes asignaturas pendientes la necesidad de reformar la Ley de Aguas, que data de 1985. "Tenemos que adaptarla al Estado de las autonomías, hacer que sea obligatorio que las administraciones hidrográficas tengan que recuperar los costes de los servicios prestados, cosa que no ocurre con la actual normativa. Si no se garantiza dicha recuperación, es imposible asegurar la sostenibilidad del sistema", concluye Baltanás. "Lo que importa", añade Gistau, "es que la reforma se realice de forma consensuada. Hay competencias del agua que las tienen los municipios y otras que las tienen las comunidades. Lo esencial es que esa cadena de funciones sea armónica y esté bien engrasada".

Luces y sombras del sistema

El documento que presentará mañana el Colegio detecta varios capítulos en los que se debe mejorar. Entre ellos, el más grave es el de la sobreexplotación de los recursos. "Hay que ordenar las demandas de agua de forma racional, no se puede seguir sacando agua para cualquier cosa en cualquier momento", opina Baltanás. "No es razonable que se cultive en lugares en los que no sea factible hacerlo. En esos casos, todos pagamos por las plusvalías que puedan obtener los agricultores", sentencia Gistau.

La reutilización y la desalación, en cambio, son dos de los aspectos en los que se ha mejorado más: ya suponen hasta un 3% del total consumido.

Conclusiones del informe sobre la gestión de los recursos hídricos.

- Lucha contra la escasez. La eficiente gestión de las sequías ha reforzado la garantía de suministro. l Prevención de inundaciones. La regulación y las políticas de prevención han mejorado la seguridad de la población.
- Desalación. España es un país líder a escala global en desalación. La capacidad rondaría los 1.000 hectómetros cúbicos al año. Las empresas españolas producen hasta tres millones de metros cúbicos diarios en otros países.
- Modernización de infraestructuras. Las inversiones en modernización de regadíos y abastecimientos han elevado la eficiencia hídrica.
- Sobreexplotación de los ríos y acuíferos. Supone un grave problema de sostenibilidad. No pagamos lo que cuesta el agua. La tarifa media es menos de la mitad de la media europea. Servicios e infraestructuras se resentirán.
- Descontrol urbanístico. Los excesos urbanísticos inciden muy negativamente en los riesgos de inundaciones y en la sobreexplotación.
- Reforma de la Ley de Aguas. Es necesario revisarla porque los nuevos Estatutos Autonómicos, la transposición de la Directiva Marco y el régimen económico así lo exigen.
- Escasez de medios de las administraciones hidráulicas. A menudo no pueden desarrollar todas sus funciones.
- Gestión integrada de las cuencas hidrográficas. Se evidencia un retroceso en la acción coordinada de todas las Administraciones.
- Política de regadíos. No más regadíos que no se puedan pagar. No pueden expandirse sin internalizar antes los costes que suponen.
- Prevención de inundaciones. Retraso en la delimitación de las áreas de riesgo.
- Lucha contra la contaminación. Hace falta una vigilancia más rigurosa.
- Reutilización. El impulso de las Administraciones es irregular y los usuarios no acaban de decidirse.
- Aprovechamiento hidroeléctrico. No se exprime el potencial de esta energía para alcanzar los objetivos en renovables.